La privatización de la sanidad pública

Se han conseguido logros impresionantes en el terreno sanitario público en el Estado español en los últimos 25 años. La inmensa mayoría de los ciudadanos aprecia el Sistema Sanitario Público y lo que es más importante, lo valoran más aquellas personas que se han visto obligadas a utilizarlo. Por ese motivo, toda la iniciativa política que pretenda privatizar la Sanidad Pública tiene que hacerlo de forma inaparente, subliminal y como que parezca que no está ocurriendo, para que cuando la población se dé cuenta, ya no tenga remedio. Un ejemplo de lo que describimos es lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, en donde mientras unos estamos denunciando la escandalosa privatización sanitaria pública que está ocurriendo, otros niegan que esté sucediendo. Por eso el combate con la privatización de los sectores públicos más rentables comercialmente será eterno y hay que conseguir que se haga pronto, intenso y transparente para que seamos conscientes de lo que nos jugamos.

Pero, ¿quién está detrás de la privatización de los sistemas sanitarios? Desde finales de los años 80 del pasado siglo, la poderosa coalición de fuerzas políticas, financieras y empresariales que conforman el denominado neoliberalismo, entre las que están las principales corporaciones multinacionales sanitarias, bancos y fondos de inversión, la industria farmaceútica o de la electromedicina, está imponiendo la privatización de los enormes recursos económicos que los países del mundo dedican a salud.

En España, esta estrategia diseñada fundamentalmente por el Banco Mundial y por la Organización Mundial del Comercio, fueron recogidas por el informe de la llamada Comisión Parlamentaria para la reforma y mejora del sistema sanitario (Comisión Abril), que propuso un paquete de medidas destinadas a introducir el modelo de mercados en el Sistema Nacional de Salud, como separar la financiación de la provisión de servicios sanitarios o transformar los hospitales en empresas públicas que compitieran entre sí por el presupuesto sanitario. Una profundización dramática en este sentido es lo que está ocurriendo en la Comunidad madrileña en donde los hospitales públicos se conceden a empresas directamente privadas.

Esta privatización de la sanidad pública se justificaba en base a la ineficiencia, la rigidez presupuestaria, el excesivo control burocrático y la escasa capacidad para incentivar a su personal del sistema público. Estos hechos, que son parcialmente ciertos, son la base argumental de los privatizadores. Por eso la ADSP siempre ha propuesto que la mejor defensa de la Sanidad Pública es conseguir el máximo rendimiento y eficiencia posibles en función de los recursos de los que disponemos y después mantener una actitud crítica a tope con las desviaciones que la propia Administración pública sanitaria pueda tener.

A lo largo de los últimos años se han ido aplicando una parte importante de estas políticas privatizadoras: la promoción del aseguramiento privado mediante desgravaciones fiscales de los seguros complementarios de empresa, la fragmentación de la red hospitalaria pública en múltiples empresas independientes entre sí, gestionadas de acuerdo al modelo empresarial, la privatización de la financiación, construcción y gestión de los nuevos hospitales, la privatización de la Atención Primaria, la cesión de la asistencia hospitalaria y de la Atención Primaria de determinadas áreas a hospitales o aseguradoras privadas, el incremento de los conciertos y las subcontratas de servicios con el sector privado, por destacar algunas.

En Andalucía, aunque la situación no podemos asegurar que sea comparable con lo que ocurre en otras comunidades autónomas, sin embargo, teniendo en cuenta que está gobernada por un gobierno progresista, mantiene una actitud timorata en ocasiones cuando se enfrenta a estas disyuntivas. Un ejemplo para nosotros de este hecho sería la fragmentación del sistema sanitario que supone la creación de empresas y fundaciones públicas.