TRIBUNA

Sí a Bolonia y a la universidad pública de calidad (II)

Qué es lo que está causando tantas protestas entre ciertos sectores del profesorado y del alumnado de las universidades españolas contra este proceso?

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El Espacio Europeo de Educación Superior (el plan Bolonia como muchos le llaman) se viene pues trabajando desde hace más de 10 años, por muchos políticos y académicos, por gran parte de la universidad, y significa, sin lugar a dudas, la contribución más importante para la construcción de Europa, ya que supone formar ciudadanos en los grandes parcelas del saber y formarlos excelentemente, con afán de superación, con espíritu crítico, con elevada formación en valores, con conocimientos amplios de otro idioma (al menos) diferente al materno . ¿Por qué los críticos con este proceso han callado todo este tiempo? ¿Es que hasta que no han visto como el cambio también llegaba a lo suyo no se han preocupado del tema? Durante todo este tiempo ha habido elecciones generales y autonómicas, elecciones a Rector, por sufragio universal en todas nuestras universidades y, en democracia, esta es la forma más directa de expresar nuestro acuerdo o desacuerdo con las ideas con las que los diferentes candidatos acuden a las urnas.

La gestión del cambio hacia el nuevo EEES está viniendo acompañado en España y en Andalucía en particular, por otras medidas que afectan a la Universidad, que en muchos casos nadan tienen que ver con el proceso de Bolonia.

Recientemente, hemos leído cómo los ingenieros informáticos se movilizaban contra el proceso de Bolonia porque con éste se iba a acabar con su profesión. La realidad es que la profesión de ingeniero informático, al igual que otros muchos titulados incluso ingenieros, nunca ha estado regulada en España. Posiblemente, en este colectivo se hubieran creado expectativas de que, al amparo del proceso de Convergencia Europea, se arreglara su, para muchos, injusta situación profesional, problema que aún persiste y es el Gobierno de España el que tendrá que decidir, finalmente, si accede a dar la exclusiva sobre determinadas actividades profesionales a estos ingenieros en detrimento de otros o, por el contrario, abre la desregulación de las profesiones y que la libre competencia sea la que decida la contratación de sus servicios. Lo mismo ocurre con otros colectivos, como los ingenieros químicos, aunque mediáticamente sus quejas hayan sido recogidas en menor medida por afectar a un número inferior de personas. Este problema precisamente está siendo abordado decididamente por el Consejo de Universidades y el propio Ministerio de Ciencia e Innovación se ha comprometido a solucionar el problema.

Otro problema que está acompañando a este proceso es el de la financiación de las Universidades Públicas. Recientemente las universidades de la Comunidad de Madrid han emitido un comunicado, avalado por las fuerzas sociales, en la que muestran su protesta por la gestión política que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está llevando en cuanto a la financiación del sistema público de universidades madrileño. Igual sucede, aunque con menos virulencia, en otras comunidades.

Ciñéndonos a la Comunidad Andaluza, nuestro sistema universitario público está regido por un modelo de financiación que empezó a ejecutarse en 2007 y que deberá renovarse a partir de 2011. Lo más novedoso de este modelo es que, una parte de la financiación que obtienen las universidades depende de la consecución de una serie de objetivos, mediante un modelo de Contrato Programa. Con todo, las Universidades Públicas andaluzas contarán para el año 2009, año de crisis, con una financiación, aprobada por el Parlamento Andaluz, de 1500 millones de euros. Este modelo de financiación no es perfecto ya que mientras permite que alguna universidad pública andaluza pueda utilizar determinadas prebendas para atraer a más alumnos, otras están pagando deudas y disponen de presupuestos mucho más ajustados. El sistema universitario público andaluz tendrá que seguir trabajando para equilibrar estas desigualdades, pero es indudable el esfuerzo que hace nuestro gobierno en esta materia: nunca las universidades públicas andaluzas hemos estado mejor, pero, como todo, hay que seguir financiando más a las universidades si queremos seguir con el compromiso de mejora de la calidad de nuestros egresados y de la excelencia de la investigación y la transferencia del conocimiento al sector social.

No parece razonable argumentar, con los datos y compromisos que manejamos de la actual Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, el fin del sistema público universitario andaluz. La privatización y otros riesgos que pueda haber tras cualquier movimiento de cambio tendrán que identificarse para eludirlos. Sin embargo, a las universidades se nos exige desde el Parlamento Andaluz la responsabilidad de dar adecuada respuesta al esfuerzo económico que la Sociedad está haciendo en su sistema universitario, haciendo una gestión eficiente de los recursos que los andaluces ponen a disposición de sus universidades. Las universidades estamos obligadas a considerar la viabilidad de ciertas titulaciones que no tienen demanda en nuestro entorno social, poniendo más recursos en aquellos estudios más demandados. Debemos tener en cuenta que el coste medio de impartir un año académico en nuestras universidades es de 6000 euros por alumno, por lo que un curso de 60 alumnos representa un coste de 360.000 euros de dinero público. No es una cuestión de mercantilismo sino de responsabilidad en el uso de los recursos públicos.

Dentro de la cantidad que el Gobierno destina a sus universidades se encuentra la partida destinada a becas. Las becas para nuestros estudiantes siguen siendo un instrumento de justicia social y no hay ninguna razón para pensar que pudieran desaparecer, todo lo contrario, cada año aparecen nuevas modalidades de becas y ayudas para los estudiantes universitarios y aumenta su cuantía. Este curso, por ejemplo, muchos de los alumnos de la Universidad de Cádiz que disfruten de una estancia Erasmus, es decir, de un programa de movilidad que le permitirá cursar parte de su carrera en otra universidad europea con plena validez académica, podrán tener una beca de hasta 1100 euros mensuales, uniendo ayudas de las diferentes administraciones, estatal y andaluza. Igualmente, hay becas para los alumnos de Master o para los alumnos que hacen el curso de acceso para mayores de 25 años. Además, es posible obtener préstamos de entidades financieras cuyos intereses los paga el Ministerio, la Junta e, incluso, en ocasiones, la propia Universidad,.

En definitiva, aunque nos enfrentemos a un proceso de profundos cambios, las universidades lo abordamos como una oportunidad para corregir posibles errores del pasado y ofrecer a nuestra sociedad un servicio mejor, con unos programas formativos más actualizados y de calidad acreditada y con una componente práctica que hará aún más visibles las competencias de nuestros graduados y masteres, con pleno reconocimiento y validez en todos los países europeos y en todos aquellos que, voluntariamente, se han sumado a las bondades de Bolonia. Estoy seguro que la Universidad Española sabrá superar, como ha hecho a lo largo de sus más de cinco siglos de existencia, esta etapa.