Los quioscos y la ley

La decisión de la Junta de Andalucía de impugnar ante la Justicia las licencias otorgadas por el Ayuntamiento de Cádiz para abrir dos quioscos en la Caleta y en los Jardines de Varela, ante la negativa del Consistorio a tramitar las solicitudes para la revisión de oficio de los acuerdos respectivos, introduce un elemento nuevo en una de las cuestiones que más polémica ciudadana ha despertado y va un paso más allá en lo usual de este tipo de conflictos.

La Consejería de Vivienda estima que los establecimientos vulneran el PGOU vigente porque ocupan espacios libres y zonas verdes y porque no son fácilmente desmontables, como éste exige, y su superficie excede en mucho los 20 metros cuadrados que el plan fija, ya que tienen «cerca de cien y más de 200 metros cuadrados» en cada caso. Pero, sobre todo, la Junta afirma que «tienen un uso terciario o comercial no admitido dentro de la consideración de equipamiento dotacional ligado a actividades de ocio o relación».

El Plan General de Ordenación Urbana, cuya revisión está siendo ahora presentada por entregas por la alcaldesa a los medios de comunicación pero aún sigue sin haber sido sometida a exposición pública, es la norma que rige todas las actuaciones e intervenciones en la ciudad y debe obligar por igual a particulares y a Administración. Más aún en una población como la capital, carente de suelo y de gran riqueza patrimonial, que ha de extremar el cuidado ya de por sí obligado en todos los actos que afecten a su urbanismo.

Resulta fundamental que el respeto escrupuloso a la ley rija los actos públicos. Es preciso que el fallo judicial no se dilate, tanto por afectar a terceros, los industriales que han invertido en los negocios respectivos, como por tratarse de la credibilidad de las institución que representa los intereses de todos los gaditanos.