José Antonio Barroso lo tiene chungo

Mañana lunes, en la Audiencia Nacional y en un horario matinal que le permitirá máxima audiencia, el alcalde portorrealeño y diputado provincial José Antonio Barroso comparecerá ante el juez Grande Marlaska. Se trata de responder de supuestas injurias al Rey por haberle llamado «corrupto», «indigno» y «crápula», durante un acto republicano celebrado en Los Barrios durante la pasada primavera. Esta misma semana, durante una comparecencia pública, Barroso insistió en tales extremos, añadiendo chismes de bragueta y la teoría de que estuvo implicado en la trama del 23-F. Para ello, se basó en algunas de las conclusiones que cabe deducir de dos libros, Juan Carlos I el último Borbón, de Amadeo Martínez Inglés, y El negocio de la libertad, de Jesús Cacho. A juicio de algún que otro especialista en derecho constitucional, a pesar de dichos argumentos, Barroso lo tendría chungo en cuanto a la suerte legal que cabe presumir de estas diligencias: y es que, en su día, se habría limitado a proferir dichos insultos sin explicación política concreta que fundamentara los mismos.

¿Qué es lo que dijo exactamente Barroso en el día de autos? Copio textualmente las palabras contenidas en la diligencia de investigación abierta de oficio en abril de este año por la fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Angeles Ayuso, a tenor de su discurso ante el Ateneo Republicano del Campo de Gibraltar, celebrado el día 16 de ese mismo mes: «El Borbón es hijo de un crápula. El Borbón de condición deleznable, el presente, no es menos deleznable de lo que su padre fue. Afectó al golpe de estado, despreciado por el tirano, al que reiteradamente le solicitó su incorporación al ejército faccioso. El Borbón es hijo de una persona de condición licenciosa, deplorable, deleznable. No menos licenciosa que la de su esposa. El Rey señores, porque su procedencia lo es, es corrupto». A más de uno quizá sorprenda la indudable moralina de algunas de dichas manifestaciones. ¿Lo que daría yo mismo en estos momentos en los que hasta la izquierda es gazmoña porque me llamaran crápula! Pero como se recoge inicialmente en ese mismo expediente, aunque tal vez no puedan tipificarse específicamente como injurias, Barroso llegó más allá y llegó a decir: «En el año 1982, el Rey solicitó a través de la Casa Real, una ayuda para abortar el proceso de expropiación de Rumasa. Solicitó seis millones de dólares de la época, de los que le fueron entregados tres para abortar el proceso. Si el Rey tiene huevos que lo niegue, porque yo sé quien le dio el dinero y cómo se lo dio. Y si los medios fueran capaces de reproducir esto, yo me someto a la exigencia jurídica del sistema para demostrarlo o no».

La Fiscal Jefe de la Audiencia gaditana realizó la valoración correspondiente sobre dichas declaraciones y al considerar que existen indicios de delito, elevó el caso a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que ahora ya es quien actúa. En los últimos meses, diversos supuestos de injurias contra la Corona han merecido muy diversa suerte judicial, como es el caso de la portada de El Jueves, cuyo dibujante y guionista estuvieron esta semana en Cádiz donde recordaron que fueron condenados a 6.000 euros de multa y que han recurrido la sentencia condenatoria ante el Constitucional. Sin embargo, el diario Deia fue absuelto por una serie de comentarios hilarantes en torno al supuesto emborrachamiento intencionado de un oso llamado Mitrofán para ponerlo a tiro del monarca. En aquel asunto primó el hecho de que se tratase de un suplemento humorístico y se aceptó el principio del animus iocandi. Barroso pretende darle la vuelta al caso, al decir que su condena podría servir a la causa republicana y que su absolución abriría la veda contra la Corona.

Pero es cierto que el artículo 490 del Código Penal recoge penas de entre seis y dos años de cárcel para quien profiera injurias graves contra la Corona. Barroso se quejaba en estos días de un déficit democrático al no gozar de dicha protección legal la presidencia del Gobierno, pero cabe recordar que en una fecha anterior a la reforma del Código y partiendo de la ley de protección de 1982, la fiscalía de Málaga ejerció acciones contra el dibujante Andrés Vázquez de Sola por injurias al entonces presidente del Gobierno, Felipe González, en relación a unas caricaturas en contra del ingreso español en la OTAN. Por su propio bien no quisiera darle ideas, pero lo que me extraña es que hasta ahora Barroso no se haya metido con el fiscal ni con el juez que tiene que juzgarle. Aunque conociéndole, todo se andará.