La Justicia ya no es un cachondeo
E sus primeras declaraciones tras abandonar la cárcel de Topas, en Salamanca, Rafael Ricardi me dejó con la boca abierta. «Sigo confiando en la Justicia», dijo mientras saboreaba sus primeros minutos de libertad. Una declaración de valores de esta índole por parte de un hombre que ha estado 13 años encerrado por unas violaciones cometidas en Jerez y El Puerto que ahora se sabe que no cometió, me impactaron profundamente. Ricardi ha soportado siendo inocente 13 años de cárcel -imaginense el trato que se le da a un presunto violador entre rejas- y, como aseguró su propia hija, ha visto su vida partida por la mitad. Sin embargo, sigue creyendo en la Justicia. Increíble.
Actualizado: GuardarAlgo parecido, salvando las distancias, ocurre con los jubilados que cuidaban de sus huertos de ocio tranquilamente en San José Obrero hasta que llegó la antigua Gerencia Municipal de Urbanismo, los desalojó a la fuerza y cedió las parcelas a una promotora de viviendas que levantó en el lugar unas cuantas decenas de unifamiliares.
Los parcelistas se vieron absolutamente desamparados, hubo quien les quiso quitar las ganas de que se metieran en «jaleos de juicios y abogados», pero su perseverancia y confianza en las instituciones salió a flote y se fueron a los tribunales con sus papeles y su dignidad bajo el brazo.
Ahora la Justicia les ha dado la razón proclamándoles vencedores por puntos en el primer asalto del que, estoy seguro, será un combate largo y difícil. El Juzgado de lo Contencioso Número Uno de Jerez ha confirmado con una sentencia lo que todos sospechábamos: que el desalojo y expropiación de los huertos de ocio no cumplió los requisitos legales oportunos y que la GMU trató de beneficiar a un tercero, Xera Promociones, con quien permutó los terrenos. El Contencioso ha declarado nulos todos los acuerdos, y sienta un precedente importantísimo de cara al proceso penal que se sigue de forma paralela y en el que, entre otros muchos, están imputados los tres últimos alcaldes de Jerez, es decir, Pedro Pacheco, María José García-Pelayo y Pilar Sánchez Muñoz. El que aparentemente tiene más que perder es el primero, que en las fechas de las que hablamos era delegado de Urbanismo y mandamás absoluto de la GMU.
El tufillo a pelotazo urbanístico que deja tras de sí este caso de los huertos de ocio es más que evidente, aunque tendrán que ser los jueces los que confirmen si hubo delitos de tanta gravedad o no. Lo cierto es que, aunque en Jerez siempre se ha hablado -la mayoría de las veces en los bares- de las dudas que despertaban ciertas operaciones y relaciones de la GMU con constructores y promotoras de vivienda, jamás se ha podido demostrar alguna ilegalidad hasta ahora. Los cuatro tranquilos jubilados en los que nadie creía pueden lograr levantar unas alfombras bajo las que nadie ha querido mirar ni barrer hace muchos años.
Sea como fuere, de lo que se trata es de impartir justicia. Si los imputados son inocentes habrá que hacer lo posible por limpiar y dejar inmaculados sus nombres, pero si son culpables la ciudad espera una sentencia ejemplar.
Y así debe ser, aunque sólo sea por dar respuesta a unos hombres que, como Ricardi, han confiado ciegamente en la Justicia cuando menos motivos tenían para ello, y que han advertido que dejarán todas sus fuerzas en este proceso judicial y llegarán hasta el final en busca de la verdad. Y es que como el portavoz del colectivo de los afectados manifestó recientemente a este periódico, el ex alcalde de Jerez y otros muchos tienen que darse cuenta de que, si se comete algún error, la Justicia ya no es un cachondeo. Aviso para navegantes
