TRIBUNA

Crisis alimentaría: sus raíces

El FMI, el Banco Mundial y la ONU se han visto obligados a reconocer que está teniendo lugar una crisis alimentaría mundial, que cientos de millones de personas están abocados al hambre, la desnutrición y a la muerte por inanición. Han declarado emergencias nacionales a raíz de los desórdenes provocados por millones de personas en casi cincuenta países que han amenazado con derribar sus regímenes políticos y han aumentado las tensiones sociales incluso en los países con mayor crecimiento porcentual del PIB, como son China y la India. La escalada en los precios de los alimentos, el estancamiento de los salarios y los embargos de las casas amenazan a los gobiernos en ejercicio y aumentan las presiones para que estos tomen medidas urgentes.

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El Banco Mundial y la ONU piden ayuda para alimentos con urgencia por valor de varios cientos de millones de dólares para aquellos países en los que se han producido disturbios importantes a causa de los alimentos, con saqueos a los distribuidores privados. Echan la culpa a China, por crecer demasiado su demanda, a la inflación, la desviación de la producción hacia los biocombustibles, etc.

Culpar al crecimiento de la demanda exige preguntarse por la falta de suministro y las características estructurales que le dan forma. Los que critican desde el punto de vista del mercado, de la oferta y la demanda, omiten un análisis de la estructura de esta oferta que determina el sistema de precios basado en un mercado oligopolista y sus criterios para maximizar los beneficios, y de quienes son los consumidores, la demanda, trabajadores con salarios bajos, cuyos ingresos van en declive.

El FMI y el Banco Mundial exigieron cambios estructurales fundamentales a estos países que hoy sufren la crisis alimentaría para concederle préstamos en la década de los setenta y ochenta del S. XX. Provocaron la eliminación de las barreras comerciales protectoras en su agricultura e industria alimentaría. Como resultado se produjo una entrada masiva de bienes agrícola subvencionados de los Estados Unidos y de la Unión Europea, que destruyeron a la agricultura familiar de pequeño y mediano tamaño que producían alimentos básicos. La bancarrota de los productores de alimentos provocó la emigración de granjeros y trabajadores agrícolas a las ciudades y la concentración de la tierra en manos de grandes empresas agrícolas con producciones destinadas a la exportación, no a satisfacer las necesidades alimenticias de sus poblaciones.

Además, el FMI y el Banco Mundial refinanciaban los pagos de intereses y capital pendientes de los estados deudores a condición de que privatizaran y desnacionalizaran todas las empresas estatales lucrativas. El principio básico que justificaba estas decisiones era la «especialización basada en las ventajas comparativas».

Las consecuencias a medio plazo y a escala mundial de esta nueva estructura para la agricultura y la producción de alimentos se han manifestado en apenas algo más de una década con el estallido de esta crisis agrícola sin precedentes: la influencia del sector de exportación agrícola y la puesta en práctica de sus políticas en favor del «libre mercado» provocan el descontrol de los precios. Los precios reflejan la especulación en base al control de los terrenos y las inversiones por las grandes transnacionales agrícolas, vinculadas financieramente a los grandes monopolios distribuidores mundiales, que imponen los precios para el consumidor directo.

Los exportadores agrícolas terminaron con los agricultores familiares. Cientos de miles de millones de los especuladores fluyeron a los mercados de bienes de consumo alimentario. En condiciones de mercados estrechamente controlados por las grandes transnacionales agrícolas, las reservas de grano bajaron a sus niveles mínimos en 35 años en relación a la demanda, principalmente porque los grandes agricultores capitalistas quisieron limitar el suministro de alimentos y aumentar la producción de biocombustible, al tiempo que derivaban capital para la especulación en productos básicos alimentarios. Como resultado los precios medios de los alimentos aumentaron en un 45 % entre julio de 2007 y abril de 2008 y se prevé que suban un 15 % más para el próximo mes de julio. Los futuros de maíz alcanzaron un valor récord entre enero y marzo de 2008, un aumento del 30 % y la prohibición de la exportación en Indonesia aumentó el precio del arroz en un 63 % durante los tres primeros meses del año 2008.

Atemorizados más por las protestas masivas que por la hambruna generalizada y el aumento de la mortalidad de los pobres, líderes de todo el mundo se reunieron recientemente en Washington. Ninguno de estos líderes mundiales propuso una reforma agraria, la redistribución de la tierra a los campesinos y agricultores para la producción de alimentos. Ninguno de los líderes propuso reformar los controles de precios y beneficios y la reconversión del uso de la tierra para la producción agrícola. Ninguno de estos líderes propuso la ilegalización de la especulación en futuros de bienes básicos en las bolsas de todo el mundo.

Los precios de los combustibles no han bajado a pesar del aumento de la producción de etanol. Los precios de los combustibles y de los alimentos han aumentado a pesar de la expansión de la producción porque es la misma configuración de oligopolio del mercado oferente la que opera en ambos sectores.

El aumento de las diferencias entre salarios y precios es un empobrecimiento generalizado por causas estructurales del propio sistema de producción. Las protestas masivas nacen de problemas básicos inmediatos, pero sus raíces se hunden en las estructuras profundas de una economía enfocada al beneficio del capital y no a la satisfacción de las necesidades de la humanidad.

En esta crisis alimentaría queda claro lo erróneo de la teoría de la especialización en productos de exportación a expensas de la seguridad alimentaría de los países. Lo que era una exigencia de una minoría radical se encuentra ahora como prioridad máxima en la agenda internacional, la prioridad de un movimiento de miles de millones de personas, que exigen un cambio radical de las desastrosas teorías económicas de Friedman.