TRES MIL AÑOS Y UN DÍA
El Odyssey contra Hillary Clinton
Tras a detención cautelar del buque cazatesoros Odyssey que la Guardia Civil y la Armada llevaron a cabo en la bahía de Algeciras, la resolución final del contencioso se encuentra en manos de los tribunales de Florida en su sede de Tampa, en donde el Gobierno español -cuyo ministro de Cultura Cesar Antonio Molina ha sido especialmente contundente esta semana¯cuenta con un poderoso bufete -el de James Goold que ya ha defendido en anteriores ocasiones causas de nuestro país-- para pleitear por el tesoro encontrado en uno o en varios pecios hundidos en aguas próximas a la Península. Pero el litigio, en todo caso, se dilucidará a varias bandas: por un lado, a la denuncia española ya se ha sumado otra de la propia empresa del publicista Georg Stemm por obstrucción de sus actividades. Y el Gobierno de Peru valora también la posibilidad de personarse en este caso para reclamar su parte de botín, en el supuesto que se demuestre que el galeón había partido de sus costas.
También la empresa arqueológica española Nerea ha interpuesto una denuncia al respecto, aunque esta vez ante los juzgados de La Línea de la Concepción. Pero lo que nadie parecía prever es que este suceso terminara repercutiendo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, o al menos, en la nominación de sus candidatos. Uno de ellos, John Edwards, que disputa la candidatura demócrata a la presidencia a Hillary Clinton, ha invertido 30 millones de dólares de su patrimonio personal en un fondo de inversión denominado Fortress Investments que aparece como titular del segundo paquete de acciones más importante de Odyssey, la empresa que creó Stemm en 1984 y cuya salida a bolsa, hasta ahora, ha dado grandes alegrías a sus fundadores y a sus socios capitalistas. Sobre todo, a partir del 18 de mayo cuando se hizo público que habían encontrado lo que llamaron el Black Swann, como el buque Cisne Negro del capitán Jack Sparrow, en la película Piratas del Caribe.La prensa de Estados Unidos lleva varias semanas bromeando a costa de que el Gobierno español le llame pirata e intentando calcular cuál será su parte de los aproximadamente 500 millones de dólares en los que están valoradas las 17 toneladas de monedas de plata y oro, joyería y otros valores, que fueron rescatados del fondo del mar durante la pasada primavera.
Odyssey nunca contó con licencia para explorar estos pecios, ya que la que había sido aceptada a instancias del Gobierno británico por los ministerios españoles de Exteriores y Cultura y con no pocas precauciones por la Junta de Andalucía, correspondía a otro supuesto hallazgo, el del HMS Sussex, en aguas próximas a Gibraltar. Habría existido un evidente abuso en la buena fe de ambos ejecutivos porque, a la luz del sorprendente rescate, todo parece indicar que se trataba de un señuelo para distraer a la opinión pública. Podría tratarse del galeón Merchant Royal, un barco inglés que naufragó cerca de las islas. Aunque tal vez fuera, en realidad, "El Dorado de los Mares", bajo bandera española, y esa podría ser una de las bazas de Madrid a la hora de reclamar la preciada carga. La empresa estadounidense baraja otra tesis: según las leyes de salvamento marítimo, les correspondería el 90 por ciento del rescate, a pesar de que un tribunal le diera la razón a otros demandantes. Habrá que precisar en cualquier caso, dónde fue localizado el pecio: ¿en aguas del mediterráneo a dos pasos de Málaga, o en el Atlántico, cerca del Algarve portugués?. Las declaraciones formuladas por Odyssey Marine ante las autoridades gibraltareñas los días 10 de abril y 16 de mayo se basan en esa segunda hipótesis y en que se trata de 500.000 monedas. Los satélites, sin embargo, conducen a la primera de ambas localizaciones, lo que daría mayor peso a la reclamación española, sobre todo si se tratase del Mar de Alborán, cuyas aguas corresponden plenamente a la jurisdicción de nuestro país. Otro respaldo legal estriba en la resolución número 19 de Icomos, un organismo dependiente de la UNESCO, que ha criticado abiertamente la actuación seguida por Odyssey.
A pesar de que en España se le califique contundentemente como una empresa pirata, Odyssey Marine Exploration -creada en 1994 por John C. Morris y Greg Stemm goza de considerable prestigio en Estados Unidos. Y, desde luego, dispone de medios de los que carece la administración española, prácticamente desnuda ante este tipo de saqueos.
Se calcula que, durante sus campañas en el Estrecho y en aguas próximas a dicha zona marítima, sus sistemas de rastreo y localización habrían dado con 418 pecios, entre los que figurarían 23 barcos con posible carga a bordo. Tanto su principal navío, el que lleva el nombre de la empresa, como el Ocean Alert habrían extraido el tesoro entre los meses de febrero y abril. Hubo dos embarques desde Gibraltar, el del 10 de abril, que según Stemm consistía en grupos de monedas de plata y pequeños artefactos misceláneos, que viajaron a bordo de un G5 y el del Boeing 747 de la North American Airlines que voló desde Gibraltar hasta el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy de Nueva York, y desde allí a Tampa, en Florida, donde reside la compañía. Según el cargo, esta vez volvían a tratarse de artefactos misceláneos y 552 envases de monedas de plata, sin que se mencione el oro.
A favor de España juega el primer convenio de la historia sobre Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático, aprobado por la UNESCO en noviembre de 2001, y que considera que los llamados Navíos de Estado, aquellos fletados por un Gobierno concreto, siguen siendo territorio de ese país aún estando en el fondo del mar. Hay, sin embargo, un precedente, el de la fragata Juno y La Galga de Andalucía, que naufragaron frente a las costas de Virginia, con un cargamento de plata valorado en 500 millones de dólares. España logró el respaldo de las autoridades de EE.UU y obligaron a los cazatesoros de Sea Hunt a entregar su carga. Por ahí va la estrategia de James A. Goold, cuyo bufete tiene sede en Washington. Se trataría de «reivindicar el principio legal de que el legado cultural español que se encuentra bajo las aguas jurisdiccionales no puede ser recuperado sin la autorización del Estado español». Suerte..
Odyssey nunca contó con licencia para explorar estos pecios, ya que la que había sido aceptada a instancias del Gobierno británico por los ministerios españoles de Exteriores y Cultura y con no pocas precauciones por la Junta de Andalucía, correspondía a otro supuesto hallazgo, el del HMS Sussex, en aguas próximas a Gibraltar. Habría existido un evidente abuso en la buena fe de ambos ejecutivos porque, a la luz del sorprendente rescate, todo parece indicar que se trataba de un señuelo para distraer a la opinión pública. Podría tratarse del galeón Merchant Royal, un barco inglés que naufragó cerca de las islas. Aunque tal vez fuera, en realidad, "El Dorado de los Mares", bajo bandera española, y esa podría ser una de las bazas de Madrid a la hora de reclamar la preciada carga. La empresa estadounidense baraja otra tesis: según las leyes de salvamento marítimo, les correspondería el 90 por ciento del rescate, a pesar de que un tribunal le diera la razón a otros demandantes. Habrá que precisar en cualquier caso, dónde fue localizado el pecio: ¿en aguas del mediterráneo a dos pasos de Málaga, o en el Atlántico, cerca del Algarve portugués?. Las declaraciones formuladas por Odyssey Marine ante las autoridades gibraltareñas los días 10 de abril y 16 de mayo se basan en esa segunda hipótesis y en que se trata de 500.000 monedas. Los satélites, sin embargo, conducen a la primera de ambas localizaciones, lo que daría mayor peso a la reclamación española, sobre todo si se tratase del Mar de Alborán, cuyas aguas corresponden plenamente a la jurisdicción de nuestro país. Otro respaldo legal estriba en la resolución número 19 de Icomos, un organismo dependiente de la UNESCO, que ha criticado abiertamente la actuación seguida por Odyssey.
A pesar de que en España se le califique contundentemente como una empresa pirata, Odyssey Marine Exploration -creada en 1994 por John C. Morris y Greg Stemm goza de considerable prestigio en Estados Unidos. Y, desde luego, dispone de medios de los que carece la administración española, prácticamente desnuda ante este tipo de saqueos.
Se calcula que, durante sus campañas en el Estrecho y en aguas próximas a dicha zona marítima, sus sistemas de rastreo y localización habrían dado con 418 pecios, entre los que figurarían 23 barcos con posible carga a bordo. Tanto su principal navío, el que lleva el nombre de la empresa, como el Ocean Alert habrían extraido el tesoro entre los meses de febrero y abril. Hubo dos embarques desde Gibraltar, el del 10 de abril, que según Stemm consistía en grupos de monedas de plata y pequeños artefactos misceláneos, que viajaron a bordo de un G5 y el del Boeing 747 de la North American Airlines que voló desde Gibraltar hasta el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy de Nueva York, y desde allí a Tampa, en Florida, donde reside la compañía. Según el cargo, esta vez volvían a tratarse de artefactos misceláneos y 552 envases de monedas de plata, sin que se mencione el oro.
A favor de España juega el primer convenio de la historia sobre Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático, aprobado por la UNESCO en noviembre de 2001, y que considera que los llamados Navíos de Estado, aquellos fletados por un Gobierno concreto, siguen siendo territorio de ese país aún estando en el fondo del mar. Hay, sin embargo, un precedente, el de la fragata Juno y La Galga de Andalucía, que naufragaron frente a las costas de Virginia, con un cargamento de plata valorado en 500 millones de dólares. España logró el respaldo de las autoridades de EE.UU y obligaron a los cazatesoros de Sea Hunt a entregar su carga. Por ahí va la estrategia de James A. Goold, cuyo bufete tiene sede en Washington. Se trataría de «reivindicar el principio legal de que el legado cultural español que se encuentra bajo las aguas jurisdiccionales no puede ser recuperado sin la autorización del Estado español». Suerte..
