La capacidad de respuesta del Gobierno para hacer frente al encarecimiento de los cereales y de la leche se encuentra encorsetada por una Política Agraria Común que prevé cuotas y subvenciones a la reducción de cultivos hasta 2015. Una estrategia que está provocando situaciones contraproducentes -España ha visto limitada su producción láctea a seis toneladas anuales, cuando su consumo interno exige tres más-, y que ha tenido que readecuarse ya a los mercados levantando el barbecho imperativo. Pero es probable que las iniciativas puntuales no basten para frenar el alza en los precios, que podría requerir por parte de la Unión una revisión más profunda de la PAC aun incomodando las aspiraciones más proteccionistas de estados como Francia.
No obstante, los déficit de la estrategia europea no deberían llevar al Gobierno actual y a los que le precedieron a eludir su responsabilidad en el diseño de un modelo agrario que ha primado los recortes en la producción, desatendiendo los riesgos que podía conllevar el mismo en épocas como la actual, con cosechas insuficientes para las necesidades de una nueva demanda creada por la industria de los biocombustibles.
Junto a ello, cabe exigir al Ejecutivo que, en un momento en que los interrogantes empañan las expectativas sobre nuestro crecimiento económico, clarifique su discurso y contribuya a concienciar a la ciudadanía sobre la importancia que adquiere la contención de la inflación para el funcionamiento del conjunto del sistema.





