E l primer Pleno ordinario del nuevo curso político de la Diputación de Cádiz se celebró ayer y abordó un tema muy sensible: las dietas. No se trataba de debatir en el Salón Regio los propósitos de adelgazamiento que traen algunos políticos tras las vacaciones sino de sacar adelante una iniciativa del PP para que los diputados sin dedicación cobren un plus de 1.200 euros por asistir a las sesiones plenarias. La propuesta de los populares fue rechazada por el equipo de Gobierno (PSOE y IU) y se abstuvo en la votación el diputado del PA.
El debate iba como la seda y a una velocidad de crucero aceptable. En una hora se despacharon una veintena de puntos del orden del día hasta que se llegó al número 25. El PP pedía al Pleno que se pronunciara sobre la obligación de la Diputación de fijar como mínimo el importe de 1.200 euros por asistencia a las sesiones para los diputados que ejercen sus funciones sin dedicación exclusiva o parcial. El portavoz del PP, José Loaiza, argumentó que por ley existe una obligación y« ahora toca fijar la cuantía». La portavoz socialista, Olga González, que debutaba en primera línea de fuego, destacó que esa asignación no estaba regulada en ninguna parte y «es el presupuesto de Diputación el que se encarga de recoger los sueldos y dietas de los diputados».
Loaiza insistió en su discurso en que la asignación es obligatoria, mientras que la cuantía es competencia del Pleno. Minutos antes, el presidente de la Diputación, Francisco González Cabaña, había bromeado y proponía un euro de dieta. El portavoz del PP le respondió que aceptarían incluso ese euro «para afrontar la subida de las hipotecas del PSOE».
El PP cuenta con trece diputados y doce de ellos no tienen dedicación. El PSOE tiene 15, todos con dedicaciones, igual que los dos de IU. El único diputado del PA tiene su asignación por ser portavoz. Cabe recordar que los grupos políticos en su conjunto reciben 3.600 euros al mes y los diputados, un mínimo de 2.400 euros mensuales, según fuentes de la propia Diputación.
Hubo debate también en el siguiente punto al de las dietas, donde el PP proponía una serie de medidas acordes con el nuevo Estatuto de Autonomía para mejorar la financiación de los ayuntamientos, «ya que están sufragando muchos costes de servicios que corresponden a la Junta». La iniciativa la defendió el popular Daniel Nieto, quien destacó que los consistorios destinan entre un 30 y un 35% de sus recursos en pagar servicios que dependen de la Junta. Los socialistas rechazaron la propuesta y el PA se abstuvo.
Donde sí coincidieron todas las formaciones políticas fue en suscribir una moción de IU para que el mar de Trafalgar quede excluido de los proyectos para la instalación de parques eólicos marinos.
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