La posibilidad de actuación de la Asociación el Defensor del Paciente ante los casos de excesos de lista de espera es limitada, ya que los pacientes que acuden a este colectivo «piden una solución inmediata, como una carta a la gerencia denunciando que los agravamientos en su enfermedad serán de su responsabilidad, y lamentablemente funciona», según apunta la presidenta nacional del colectivo, Carmen Flores. Estos pacientes prefieren no denunciar «por miedo a represalias», de ahí que la asociación esté ultimando una denuncia judicial contra el Ministerio de Sanidad por su «dejación en la función de controlar» que las Comunidades, después de las transferencias de esta materia, «tomen medidas serias y no sólo de marketing».
Sin embargo, sí hay casos individuales, pocos, que llegan a los tribunales y son aquéllos en los que los pacientes entienden que las secuelas son consecuencia del retraso, según apunta el portavoz del colectivo en Cádiz, José Luis Ortiz, que tiene en la actualidad cinco procesos relacionados con cirugía mayor abiertos por esta causa.
Entre ellos, dos son los más sangrantes: una viuda que recibió la llamada del SAS para una operación de corazón de su marido un mes y medio después de que muriera tras retrasarse la intervención y otro de un hombre al que se le detectó un ganglio benigno tras la oreja y su operación se demoró más de seis meses, lo que, a su juicio, le ha provocado una parálisis parcial de la cara porque el carcinoma le presionó y dañó nervios de la boca y el oído.
