Como si fuera un anticipo de la operación policial, el fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, ya denunciaba esta práctica, como casos aislados y no vinculados a una trama, en su última memoria relativa al año pasado. En ese documento, hecho público hace escasas semanas, Núñez hablaba abiertamente de cómo se estaban tramitando denuncias «contra arquitectos técnicos o peritos por la emisión de informes o certificados falsos en los que dan cuenta mendazmente -y previa entrega del precio pactado- de la supuesta antigüedad superior a cuatro años de edificaciones erigidas al margen de la legalidad urbanística».
El fiscal de Medio Ambiente confirmó ayer que el Ayuntamiento de Chiclana le había informado de la inscripción sospechosa de un centenar de viviendas en un escaso margen de horas. Pero como el Registro de la Propiedad ni la propia Fiscalía tienen medios suficientes para comprobar caso por caso si esas viviendas existían, el representante del Ministerio Público le pidió al Consistorio que asumiera esa labor.
Fotografías
Esta colaboración se ha traducido en la remisión al fiscal de aquellos casos donde se ha constatado -a través de reportaje fotográficos, por ejemplo- que no había tales viviendas o que estaban en plena construcción. Así, el representante del Ministerio Público ha tramitado en los últimos meses «unas siete u ocho denuncias» de hechos aislados que nada tienen que ver con el entramado que se está investigando.
Pero en la falsificación de certificados de obra nueva, la propia legislación no ayuda precisamente a frenar este tipo de prácticas que tienen como fin inscribir viviendas que son ilegales.
En el Código Penal se incluyó una variante del delito de falsedad documental, que es la falsificación de certificados, que está castigado con una simple multa económica. Dado que aún no se ha pronunciado el Tribunal Supremo ni la propia Audiencia Provincial por falta de sentencias firmes, desde el Ministerio Público se está tratando de hacer ver que estos certificados son documentos públicos y por tanto falsearlos debe ser castigado con penas de cárcel.
Ahora bien, Ángel Núñez advierte que este tipo de actuaciones suelen conllevar la comisión de otros delitos como la estafa cuando venden viviendas que están fuera de la legalidad.
