Domingo, 27 de mayo de 2007
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Un historiador valora en 80.000 millones los tesoros hundidos en costas españolas
Claudio Bonifacio recuerda que Odyssey ha recibido permisos oficiales
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El historiador italiano Claudio Bonifacio, experto en naufragios, calcula el patrimonio español, que yace en el fondo del mar «olvidado», en 1.600 toneladas de oro y 34.000 toneladas de plata, valoradas entre 50.000 y 80.000 millones de euros.

Bonifacio, autor del libro Galeones con tesoros. Dónde están hundidos. Qué llevaban, publicado por Muñoz Moya, explica que España tiene al menos 1.207 naves de la época colonial que naufragaron en sus aguas, de las cuales 491 son desconocidas -no se sabe el nombre del barco, ni el origen, ni el destino-. En su opinión, los metales preciosos que se encuentran en el fondo del mar deberían ser rescatados para fines humanitarios, culturales y sociales, gracias a la estrecha colaboración entre los sectores público y privado.

Además de investigar, desde 1981, los naufragios luso-españoles en los archivos de Portugal y, desde 1985, en el Archivo de Indias de Sevilla y otros de España y América, Bonifacio ha participado en diversos proyectos de rescate en la Isla del Tesoro (Honduras), las playas de Faro (Portugal) o las costas de Cuba.

El autor decide escribir este libro, tras haber sido acusado de diversos delitos contra el patrimonio histórico por la Guardia Civil en el año 2006, aunque asegura que tiene la «conciencia limpia» y confía en el esclarecimiento de este asunto, que todavía está pendiente de resolución judicial. Por otra parte, el historiador italiano reconoce la dificultad para probar el presunto delito de expolio cometido por la empresa estadounidense Odyssey, al extraer un supuesto tesoro submarino valorado en 370 millones de euros.

Odyssey anunció la semana pasada en Florida el hallazgo en aguas del Atlántico del que podía ser el mayor tesoro arqueológico submarino de la Historia.

Bonifacio lamenta la «dejadez» de la Administración española en la aplicación de la legislación vigente en materia de patrimonio histórico y detalla algunos pasos dados por la Junta y el Gobierno desde 2001 hasta 2005, que concedieron permisos a la compañía estadounidense.

 
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