La Comisión Europea confirmó ayer que la factoría de Delphi en Puerto Real ha recibido 14,3 millones de euros en ayudas de los fondos estructurales y aseguró que hará todo lo posible por recuperarlas si constata que se han incumplido las reglas comunitarias sobre el mantenimiento de las operaciones.
En una respuesta escrita a los eurodiputados del PP Gerardo Galeote y Ana Mato, el comisario de Empleo, Vladimir Spidla, destacó que el Ejecutivo comunitario «no tiene autoridad para evitar o retrasar las decisiones de empresas en relación a reestructuraciones o cierre de fábricas». La Comisión no puede interferir en la decisión de una sociedad salvo que vulnere la legislación de la UE.
En este sentido, Spidla recordó que la normativa comunitaria obliga a un empresario que pretenda realizar despidos colectivos a informar a los trabajadores y consultar con sus representantes para alcanzar un acuerdo. El comisario señaló que España ha transpuesto esta directiva a su legislación nacional, y por tanto son los tribunales nacionales los que deben verificar si Delphi ha respetado sus obligaciones. Tras confirmar que la planta de Puerto Real ha recibido ayudas de los fondos estructurales por valor de 14,3 millones de euros y ninguna subvención del fondo social, Spidla señaló que si se confirma que no se han respetado las reglas sobre el mantenimiento de operaciones, la Comisión exigirá que Delphi restituya los fondos.
El comisario de Empleo indicó que el recién creado Fondo de Ajuste a la Globalización puede ayudar a los trabajadores afectados por la liberalización comercial y que corresponde a cada país decidir si un caso se ajusta a las normas del Fondo y solicitar esta ayuda, algo que España todavía no ha realizado respecto a Delphi.
Mientras tanto, la Junta se reunirá el próximo martes con representantes de Delphi , de los trabajadores de la planta, los administradores concursales y sindicatos para iniciar la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) o del expediente de extinción de contratos. Una reunión que la Junta de Andalucía ha definido como «una primera toma de contacto» y en la que espera que la compañía «detalle algo más el anunciado Plan de Acompañamiento Social».
La Consejería de Empleo tomará como «hoja de ruta» el plan industrial firmado en 2005 y con vigencia hasta 2010. «La empresa deberá dar una respuesta o una alternativa a cada bloque de dicho plan», indicó el jueves el consejero de Empleo, Antonio Fernández y «responder si continuará o no con la actividad». Entre las medidas del Plan de Acompañamiento se encuentran indemnizaciones, medidas complementarias para favorecer la actividad, como la cesión parcial de activos, y otras para ayudar a la reinserción laboral y la recolocación de los trabajadores.
