El asunto no es banal ni puede englobarse frívolamente en el capítulo irrelevante del corporativismo: el Gobierno, que está procediendo a la adaptación de la educación superior al llamado proceso de Bolonia, que ha de estar concluida en el 2010, ha enviado al Consejo de Coordinación Universitaria un documento relativo a las ingenierías en el que equipara los estudios superiores de ingeniería con los técnicos, dejándolos en un único título de Grado por cada especialidad, de cuatro años de duración.
Con el cambio que planea el Gobierno, las profesiones relacionadas con la ingeniería que están actualmente estructuradas en dos niveles quedarían reducidas a una sola.
Las titulaciones afectadas son las de Ingeniero Aeronáutico; Agrónomo; de Caminos, Canales y Puertos; Industrial; de Minas; de Montes; Naval; de Telecomunicación; Informática, y Química . En España hay más de un centenar de escuelas superiores de ingeniería de las diferentes especialidades, que imparten 190 títulos superiores en alrededor de una treintena de universidades. De los más de 350.000 estudiantes matriculados en carreras técnicas en España, más de 150.000 estudian ingenierías superiores. De ellos, cada año se licencian unos 50.000. La importancia de la reforma se desprende de estas cifras, pero, evidentemente, trasciende de ellas: lo que está en juego es la existencia o no de una titulación superior, con una formación generalista capaz de mantener un nivel tecnológico elevado y de ser el punto de partida de la ulterior especialización o, en su caso, de la tarea investigadora. En nuestro país, las ingenierías han desempeñado históricamente un papel muy relevante en la potenciación del desarrollo tecnológico y económico, por lo que, cuando ciertos indicadores europeos sugieren la necesidad de incrementar el gasto español en educación universitaria, no tendría sentido reducir el nivel de unas carreras que han garantizado hasta ahora, cumplidamente, la calidad de los servicios que prestan, de las infraestructuras que diseñan, etc.
Sucede además que en el desarrollo de las previsiones de Bolonia, que ya está avanzado en un 80% en la UE, la mayoría de los países comunitarios mantiene los dos niveles clásicos de formación, además del doctorado que capacita para la docencia y la investigación, de forma que si España tomara finalmente la decisión de igualar las titulaciones por abajo estaría mermando su competitividad.
En otras palabras, el esquema actual de dos titulaciones ya cumple las previsiones de Bolonia, satisface las demandas sociales y económicas de nuestro país, nos coloca al nivel de los países más desarrollados de Europa y no genera conflicto. ¿Por qué, pues, alterar significativamente este statu quo satisfactorio? Las asociaciones de ingenieros han salido a la palestra a reivindicar su posición y probablemente el asunto requiera un diálogo abierto entre el Ministerio de Educación y tales colectivos porque no hay razón para que las Administraciones y los profesionales no converjan en las soluciones de sentido común, que siempre serán las que mejor impulsen la excelencia de las titulaciones profesionales. El asunto es especialmente relevante al incidir en profesiones regladas, es decir, aquéllas cuyo ejercicio exige la posesión de una habilitación técnico profesional, de un título en una palabra, como garantía para toda la sociedad. Así, la colectividad tiene derecho a que los especialistas que edifican las infraestructuras o construyen los artilugios que cifran nuestro desarrollo y nuestro progreso posean la mejor capacitación posible. No tendría sentido, en fin, que en lugar de ir más, este país relajara su sistema educativo y permitiera la decadencia de las ingenierías. Ni puede ser el designio del Ministerio, ni, lógicamente, pueden aceptar tal cosa los colectivos concernidos.
