Y llegó el día del referéndum. El 18-F es hoy, fecha ya marcada para la historia de Andalucía porque en ella se decidirá la ratificación o no de su nuevo Estatuto de Autonomía. Más de seis millones de andaluces (6.185.664 exactos) están llamados a las urnas para votar en referéndum si apoyan o no el texto reformado. La pregunta es muy sencilla: «¿Aprueba el proyecto de Estatuto de Autonomía para Andalucía?». La respuesta puede ser triple: Una papeleta con el «Sí», o con el «No» o en blanco.
Según los datos facilitados por la Oficina del Censo Electoral, se repartirán 7,5 millones de papeletas de cada una de las posibilidades. Hay 3.796 colegios electorales abiertos en las ocho provincias. Entre los censados con derecho a voto hay más mujeres (3.093.719) que varones (2.951.566). Y un dato interesante para los amigos de las estadísticas: Los votantes que pueden ejercer su derecho este domingo son un 36% más de los que pudieron hacerlo hace 25 años, cuando el 20 de octubre de 1981 otro referéndum dio el visto bueno al primer Estatuto, que a partir de hoy puede quedar derogado, convertirse ya para siempre en el viejo Estatuto. Las referencias a la historia son siempre recurrentes, sobre todo para hacer comparaciones. El viejo Estatuto tiene 75 artículos y el que hoy se propone refrendar 250, más varias disposiciones.
Intenso debate
Un cuarto de siglo ha hecho viejo a aquel documento redactado en Carmona entre la emoción de los primeros años de la democracia y la ilusión del estreno de un modelo político, el del Estado de las autonomías. Consolidados ambos -democracia y proceso autonómico-, el nuevo Estatuto se ha desarrollado en un contexto de intenso debate, pero de relativa calma política, quizás solo tensada por el paralelismo y la comparación con el Estatuto de Cataluña, a cuya sombra comenzó a fraguarse y del que finalmente ha intentado zafarse en pro del consenso, aunque en palabras de Manuel Chaves, el andaluz es tan «ambicioso» como el catalán. Lo que sí le diferencia del catalán es el amplio consenso político con el que hoy acude a su ratificación. Un consenso que va desde Izquierda Unida al Partido Popular, pasando por el PSOE. Las tres formaciones políticas piden el «Sí» en esta consulta. Sólo el Partido Andalucista se desmarcó en el proceso de negociación y reclama que se introduzca en las urnas la papeleta con el «No».
A la vista del amplio respaldo político cabe prever que el «Sí» está asegurado, según han vaticinado todas las encuestas. La incertidumbre se centra en la participación. Si la participación está por debajo del 50% la imagen del presidente de la Junta, Manuel Chaves, promotor de la idea de cambiar el Estatuto, podría verse desgastada. Sobre todo por la insistencia de su principal opositor, Javier Arenas, de que la reforma era innecesaria. El fantasma de la abstención es la gran incógnita con la que se afronta esta cita con las urnas y la mayor preocupación de los socialistas durante la campaña.
Consenso
Sin embargo, pese a las lecturas que puedan hacerse a partir de hoy y a una campaña sobrecargada de descalificaciones entre socialistas y populares, el andaluz ha sido el que mayor apoyo ha recibido en las Cortes Generales de los votados hasta ahora. No recibió ningún voto en contra en las votaciones de noviembre y diciembre. Cierto que no siempre fue así. De hecho, la propuesta de reforma fue respaldada en la votación del Parlamento andaluz, en mayo de 2006, sólo por Izquierda Unida y PSOE.
Una intensa negociación en el Congreso de los Diputados entre populares y socialistas se saldó con la modificación de 120 artículos, aunque en su mayoría sólo para añadirle alusiones a la «unidad indisoluble de España», a la Constitución o a las leyes vigentes del Estado. Finalmente se mantiene el término realidad nacional como referencia en el Preámbulo, pero Andalucía se define como una nacionalidad histórica.
El nuevo Estatuto sostiene que todos los españoles tienen derecho a los mismos servicios, vivan donde vivan y blinda en una de sus disposiciones finales que las inversiones que reciba Andalucía del Estado sea un porcentaje semejante a su población (en torno a un 18 por ciento) durante los próximos siete años.
También fija un plazo máximo de tres años para cobrar la deuda histórica y 18 meses para cuantificarla. Con ello se quiere zanjar una de las reivindicaciones que más polémica ha provocado en el debate político andaluz de la última década y que, precisamente, constituye una de las asignaturas pendientes del viejo Estatuto, que recogía dicha demanda para compensar el retraso histórico en inversiones de Andalucía.
Otras de las novedades es la que alude al traspaso de las competencias de la cuenca del Guadalquivir, aunque sólo la parte que transcurra por territorio de la Comunidad y siempre en sintonía con las políticas hidráulicas del Estado.
Sin embargo, si algo define al Estatuto andaluz es su amplio contenido en derechos sociales, muchos de ellos contemplados en leyes recientes. De esta forma, se protege a las mujeres maltratadas, a los discapacitados; el menor tendrá una atención preferente y los medios de comunicación deberán cuidar su programación respecto a ellos. El Estatuto reconoce diferentes modelos de familia y garantiza los mismos derechos a las parejas casadas que a las que no lo están. Igualmente defiende el derecho a la identidad sexual y la integración social y cultural de los inmigrantes.
Democracia paritaria
Como precursor de las nuevas políticas de igualdad propugna una democracia paritaria que obliga a que la futura ley electoral incluya listas en donde haya igual proporción de hombres y de mujeres. Igual precepto afectará a todas las instituciones y organismos públicos.
Con el referéndum de hoy se cierra un periplo de seis años. Fuen en junio de 2001 cuando el presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves, lanzó la propuesta de reformar el Estatuto de Andalucía. Fue el primer presidente autonómico en sacar una reforma estatutaria a debate. Su idea se ha hecho realidad. Hoy es la prueba final.
