España ostenta el dudoso récord de contar con el menor número de pisos de alquiler de Europa. Entre los responsables de vivienda de numerosas comunidades autónomas aumenta la preocupación por los tres millones de propietarios de casas vacías que hay en el país, según un informe de la Fundación de las Cajas de Ahorro y que, «presuntamente», son responsables de gran parte de los problemas del mercado inmobiliario.
La fundación señala que la mayoría de estas viviendas, un 41,2%, se encuentra en las principales ciudades españolas y sus coronas metropolitanas, sobre todo en Madrid y Barcelona, mientras que las viviendas secundarias se concentran en los municipios de menor tamaño, un 53,9%, y en las costas turísticas.
Pero, ¿cómo reducir el número de pisos vacíos y fomentar su alquiler y, con ello, la bajada de precios? Hace años que en el Ministerio de Hacienda se devanan el cerebro para desarrollar el reglamento necesario que permita a los ayuntamientos aplicar un recargo de hasta el 50% sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles.
Precedentes
Este recargo ya está contemplado en la Ley Reguladora de Haciendas Locales que fue aprobada por el PP en 2002 para los casos de las viviendas que se encuentren desocupadas. El principal problema para este desarrollo es definir qué es exactamente una vivienda vacía, concepto sobre el que aún no existe una definición concreta, y que esperan no pocos ayuntamientos para pasar a la acción. Concretamente, 184 municipios en toda España han acordado en sus respectivos plenos aplicar el recargo del IBI en cuanto el desarrollo reglamentario esté listo, la mayoría en Cataluña, con 84 consistorio, y Andalucía, con 37.
Imponer castigos
Desde el Gobierno central se ha anunciado recientemente que no contempla la posibilidad de imponer castigos a los propietarios de pisos deshabitados. Es más, considera que se trata de una medida «controvertida, difícil de llevar a la práctica y poco realista», según una respuesta parlamentaria, y deriva la competencia de esta gestión a las Comunidades.
La respuesta no se ha hecho esperar. En el País Vasco, se ha tomado la iniciativa de gravar con un canon en la futura Ley de Vivienda a aquellas casas que lleven más de un año sin inquilinos. En concreto, deberán pagar nueve euros diarios, coste que se elevaría a doce si la vivienda siguiera sin habitarse durante el año siguiente, y hasta quince euros, lo que supone que cada propietario se verá obligado a desembolsar entre 3.285 y 5.475 euros anuales.
Incursión doméstica
Para descubrir los motivos injustificados de desocupación, la nueva ley admitirá como evidencias los consumos de luz, agua y gas «anormalmente bajos», como también considerará sospechoso que el propietario reciba su correo habitual en un domicilio distinto al investigado, que se comunique por teléfono o Internet desde otros lugares y que declare una dirección diferente para el DNI u otros trámites. Además, la nueva ley admitirá los testimonios del vecindario o de inspectores oficiales, y las autoridades actuarán ante «la negativa injustificada del titular de la vivienda a facilitar la comprobación de la Administración cuando no exista una causa verosímil».
La llama ya está encendida en el País Vasco y su estela corre como el polvorín hasta alcanzar otras comunidades. Cataluña, gobernada por el tripartito que lidera Montilla, también ha plasmado estas penalizaciones sobre el papel en su proyecto de Ley de Vivienda: se pretende que las viviendas vacías pasen a formar parte de la red de mediación social para el alquiler, favoreciendo que el propietario acceda a ponerla en alquiler a través de la intervención pública. Si el propietario no acepta y la casa permanece vacía, es cuando se puede expropiar.
No obstante, la Generalitat ha explicado que esta medida sólo se aplicará en zonas de mucha demanda y cuando el piso permanezca deshabitado permanentemente. La fuerte oposición a la medida expresada por distintos sectores económicos y sociales, motivó que el Ejecutivo catalán la dejara aparcada.
Elecciones a la vista
Con las elecciones del próximo 27 de mayo a la vuelta de la esquina, algunos expertos del sector se atreven a leer entre líneas y aseguran que los partidos políticos han visto en los jóvenes con problemas de acceso a la vivienda un importante nicho donde conseguir votos y en el canon un perfecto gancho en los planes de vivienda de los programas electorales. Y no es de extrañar. Si en marzo de 2004 la vivienda representaba el principal problema para el 19% de los españoles, en este periodo el porcentaje se ha incrementado en 6 puntos, hasta un 24%. Por tanto, tendremos que acostumbrarnos a que este tipo de propuestas proliferen en los próximos meses.
