Judicialización económica

De nuevo los ciudadanos sentimos la incómoda sensación de haber asistido a una aparatosa decisión judicial, la de la Sala tercera del Tribunal Supremo sobre la OPA de Gas Natural sobre Endesa, marcada mucho más por la política que por el Derecho. Como es conocido, la decisión se ha adoptado por 18 votos a 14, un ajustado saldo que indica el equilibrio que existe en la institución entre los sectores conservador y progresista. Habrá, en fin, numerosos votos particulares, y ya se conoce que el sector mayoritario critica el intervencionismo del Gobierno. ¿Qué tendrá que ver, en cualquier caso, el talante más o menos liberal, más o menos intervencionista, del Gobierno de turno con las esferas judiciales? Habrá que examinar cuidadosamente por qué es imposible que una OPA hostil deje en nuestro país de embarrancar en los Tribunales (la defensa consiste en pleitear contra el proponente, con un resultado magnífico hasta ahora), cuando lo lógico sería que, ante lo que es preferentemente una oferta de operación mercantil al mercado, fuesen los accionistas quienes decidieran en última instancia. Pero lo grave de este caso es que de nuevo chocan los poderes ejecutivo y judicial, en una rivalidad absurda y disolvente que dice bien poco de la calidad de nuestra democracia.