La salida de Bono inquieta a los alcaldes de municipios con servidumbre militar

La decisión del José Bono de dejar la cartera de Defensa sembró ayer la incertidumbre en los municipios con instalaciones militares que tenían abiertas negociaciones con este departamento gubernamental, bien para posibles desafectaciones, bien para compensaciones de índole tributaria o para cuestiones laborales. Desde Rota, San Fernando y Barbate temen que tras su salida se dé una remodelación de su gabinete que podría representar, cuanto menos, un parón en los frentes abiertos.

Los que con más inquietud recibieron el relevo en Defensa fueron los trabajadores de la base aeronaval roteña, de uso conjunto hispanoestadounidense. El presidente del comité de establecimiento, José Sabido, temió que el traspaso a José Antonio Alonso del Ministerio de Interior a Defensa ralentice la promesa que Bono les hiciera hace más de un año de encontrar soluciones «justas y equilibradas» para la pérdida de poder adquisitivo que arrastran desde hace seis años. Sabido señaló que siguen manteniendo buena disposición al diálogo y dado que con Bono nunca lograron reunirse, ahora lo intentarán con su sustituto, para lo que de inmediato le harán llegar su petición de mantener un encuentro.

Esta reunión sería de vital importancia, máxime ante el desbloqueo del tercer convenio colectivo, ya que está previsto que en este mes la administración de EE UU presente una contrapropuesta a la plataforma reivindicativa que plantearon los trabajadores españoles hace más de un año.

En esta misma localidad, su alcalde, Lorenzo Sánchez (RR UU), confió en una «mayor sensibilidad y dedicación» de Alonso para con el caso roteño, que se resume en el recurso presentado por el Ayuntamiento en contra de la compensación por servidumbre militar concedida por el Gobierno, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, por considerar que los 500.000 euros concedidos no alcanzan la cantidad necesaria para equilibrar la rémora que suponen para las arcas municipales -aunque tengan superávit- el impago de impuestos por parte del recinto militar.

En este sentido, Sánchez recordó que el conflicto con Rota no es de carácter tributario, ya que hasta en tres ocasiones ha sido reconocida la legitimidad de su reclamación por los tribunales, y entendió que es una cuestión que se puede solucionar como ya se hizo en 1994 con el impuesto de circulación y con la depuración de aguas. Se mostró esperanzado en que haya un «cambio de filosofía ministerial» y se entienda que 500.000 euros por 28 millones metros cuadrados afectos a la defensa nacional, son una cantidad insuficiente.

Desde San Fernando, el alcalde andalucista Manuel María de Bernardo confió en que no se produzca una remodelación al completo del gabinete ministerial de manera que puedan frenar ciertas negociaciones, como la desafectación de Camposoto o los 400.000 metros cuadrados de Fadricas, ahora bloqueadas, o abrirse otras nuevas. De Bernardo admitió la cordialidad mostrada pro Bono ante los problemas de la ciudad isleña, que sin embargo no se tradujo en los «avances ni el ritmo que nos hubiera gustado», algo que aspira a que ahora cambie.

El último municipio afectado por servidumbre es Barbate, que reclama la desafectación de las 4.300 hectáreas del campo de maniobras anfibias de la Sierra del Retín.