El portavoz del Grupo Popular, Ignacio Romaní.
El portavoz del Grupo Popular, Ignacio Romaní. - LA VOZ
MUNICIPALIZACIÓN

Los Tribunales tendrán la última palabra sobre el procedimiento

Además del recurso de la Subdelegación, el PP ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas para que se esclarezca el proceso

CÁDIZActualizado:

La Subdelegación del Gobierno presentó el pasado mes de septiembre un recurso contencioso administrativo en contra del proceso de municipalización iniciado por el equipo de Gobierno basándose en tres criterios fundamentales.

Por un lado, en la vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad. Por otro, en los costes que supondría la subrogación del personal y, por último, en que con la municipalización de servicios se ponen en riesgo los principios de estabilidad presupuestaria y contención del endeudamiento establecidos en la Ley.

Por su parte, desde el Grupo Municipal Popular se ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas al considerar que ha podido haber un perjuicio patrimonial para la sociedad Cádiz 2000 «que pudiera dar una posible responsabilidad por alcance». El objetivo de los populares es «que se realicen las actuaciones oportunas para esclarecer los hechos y determinar las personas responsables».

Entre los hechos que se aportan en la denuncia se hacen constar las presuntas «irregularidades» en el proceso de remunicipalización resultado de la actuación «unilateral y arbitraria» del concejal de Podemos Álvaro de la Fuente, a la vez presidente de la sociedad Cádiz 2000.

Asimismo, los populares hacen referencia a un posible «fraude de ley» asegurando que por parte del equipo de Gobierno de Podemos se ha procedido a ampliar las actividades de Cádiz 2000 a través de la modificación del cambio de objeto social. A su juicio, el Tribunal «no puede perder de vista las limitaciones para la constitución de nuevas sociedades recogidas en la disposición adicional novena de la LBRL relativa a la restructuración del sector público local».

Los populares argumentan además que la modificación de los estatutos de la sociedad Cádiz 2000 «de una manera tan sustancial como la que se pretende de una empresa municipal ya existente es un fraude de ley». Apuntan que se procede a una modificación sustancial del objeto de la sociedad. El PP hace referencia en su denuncia también a que «estamos ante un cambio de modelo de gestión y no una sucesión de empresas», hecho que requiere que el personal tenga que pasar por pruebas de selección.

Situación financiera de la empresa

Para el PP, se ha «violado» a su vez el texto refundido de la Ley de Contratos del sector público y argumenta que no existe un informe económico informando de cómo afecta la modificación del objeto social a la situación financiera de la empresa.

Por último, en su argumentación insisten en que no se informa sobre los incrementos económicos previstos «con las sucesivas aprobaciones de los convenios colectivos que deben regir las relaciones entre empresas y trabajadores».