Bandera del Bicentenario.
Bandera del Bicentenario.
INVESTIGACIÓN

El Tribunal de Cuentas pone el ojo en los gastos del Bicentenario

Su presidente expone hoy en las Cortes el informe de fiscalización, que alerta de numerosas irregularidades en subvenciones y falta de control en la gestión

CÁDIZActualizado:

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, presenta este lunes ante las Cortes el informe de fiscalización de las actividades del Consorcio para la Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz entre 2007 y 2012 en el que se alerta de numerosas irregularidades, deficiencias e incumplimientos en materia de subvenciones y gastos y de falta de control interno o descoordinación en la labor de esta entidad.

El capítulo de subvenciones es uno de los más llamativos en cuanto a las irregularidades detectadas por el órgano fiscalizador, que comienza advirtiendo de que el presidente del Consorcio convocó subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en los ejercicios 2008 y 2009 pese a que no está acreditado que tuviera competencia para ello.

El Tribunal de Cuentas alerta de que la convocatoria de 2008 no determinó la cuantía máxima de las subvenciones convocadas, en contra de lo establecido reglamentariamente; tampoco la cuantía individualizada de cada una de ellas o los criterios para su determinación. De la misma forma, no consta que se tramitara de forma previa a la convocatoria el expediente de gasto exigido.

Ese año se concedieron 14 subvenciones a 13 beneficiarios por importe total de 186.000 euros pero no consta, siempre según el Tribunal de Cuentas, por qué se desestimó al resto ni el detalle de las actividades subvencionadas. Tampoco hay documentación sobre la constitución de la comisión que debía valorar las solicitudes presentadas, cuyo número se desconoce, al igual que los criterios aplicados para la valoración de las beneficiarias.

Subvenciones no justificadas

El fiscalizador ha analizado, de forma aleatoria, cuatro de esas 14 subvenciones y todas ellas tienen irregularidades. El Centro de día de mayores de San Fernando, por ejemplo, ni siquiera «reunía los requisitos exigidos en las bases reguladoras para ser beneficiario» y «tampoco hay constancia de la documentación que el beneficiario debía presentar como justificante de la subvención» ni consta si el Consorcio consideró o no justificada esta subvención ni si fue finalmente pagada.

Las otras tres subvenciones analizadas y correspondientes a 2008 –a la Asociación de la Prensa de Cádiz, la Asociación Qultura y la Asociación de empresas de publicidad y diseño– fueron solicitadas fuera de plazo, lo que ya de por sí debió determinar su no admisión a trámite. La Asociación de la Prensa renunció posteriormente a la subvención pero el tribunal señala que en el expediente no hay información posterior a esa renuncia.

La Asociación Qultura, por su lado, recibió 32.000 euros pero el tribunal fiscalizador considera que «la subvención no esta justificada, por lo que debió exigirse su reintegro»; mientras que sobre la recibida por la asociación de empresas de publicidad, el órgano ve tal «desorden de expediente, duplicidades de documentos, mezcla de originales y fotocopias y ausencia de relaciones completas y clasificadas de los gastos» que es imposible «verificar» su justificación.

En el año 2009 se modificaron las bases reguladores de las subvenciones de concurrencia pública limitando las nuevas a actividades de carácter cultural relacionadas con la época y valores de la Constitución de 1812 pero las irregularidades continuaron al no constar tampoco documentación previa sobre la comisión que debía valorar las solicitudes presentadas y desconocerse los criterios de valoración o las razones para la concesión.

De ese ejercicio, se examinó la concedida a la Unión de Comerciantes de Cádiz, con una cuantía de 18.000 euros para la celebración de un mercado conmemorativo. Además de exponer que el coste total ascendió a casi 54.000 euros, casi el 40 por ciento fue para medios propios del beneficiario, como carteles, folletos o programas, sin que haya información de cómo se evaluó ese coste. La mayor parte de las facturas presentadas fueron abonadas a los correspondientes proveedores fuera del plazo establecido para la justificación de la subvención «por lo que no se deberían haber considerado gastos subvencionables».