«Tenían acorralado al inspector, tuvimos que entrar a separarlos»

El Juzgado de lo Penal número 2 de Cádiz acogía este viernes una vista donde se escuchó una misma historia pero contada de dos formas completamente diferentes. Contradictorias. Diametralmente opuestas. Tras dos suspensiones anteriores, y casi cinco años después de los hechos, por fin se celebraba el juicio contra dos integrantes del colectivo Valcárcel Recuperado por un delito de resistencia a la autoridad, que habrían cometido durante el desalojo por parte de la Policía del interior de la Facultad de Filosofía y Letras el 12 de enero de 2012, cuando la plataforma protagonizó un acto de protesta que estaba programado durante una conferencia del juez Fernando Grande-Marlaska. 

Las versiones escuchadas no se sostienen referidas a una misma situación por lo que las pruebas documentales, como varios vídeos sobre el altercado, podrán ser cruciales en la decisión que tome el juez.

Por un lado, los acusados, Iván C. y María C., aseguraron que los agentes irrumpieron de «manera violenta» y «deproporcionada» a la facultad, llegando incluso a agredirles. Y, por otro, los agentes, coincidieron en relatar, que los procesados se resistieron a ser identificados después de haberles proferido «insultos» y tras «empujar y agarrar» a uno de los policías que se encontraba en la facultad dentro de un dispositivo de «prevención».

«Salí a calmar los ánimos»

La vista comenzó con la declaración de los acusados, para los que el fiscal solicita seis meses de prisión como autores de dos delitos de resistencia a la autoridad. Iván C., quien aseguró no ser miembro pero sí «simpatizante» del colectivo Valcárcel, relató que acudió a la facultad a ver la conferencia y que cuando escuchó el tumulto salió con la intención de «calmar los ánimos». Una vez fuera de la sala, fue requerido por un agente que le pidió que se identificara. El acusado reconoció que el policía se lo solicitó hasta «en dos ocasiones» pero que él se negó pidiéndole al mismo tiempo al agente su número de placa. «Reaccionó de manera violenta. A partir de ahí fue todo una vorágine de golpes y tirones», afirmó. El procesado insistió en que él no fue agresivo y que en su mano llevaba la cartera para mostrarle el DNI. Tras este incidente, explicó que recibió otros golpes en la cabeza por parte de otro agente mientras que él se cubría.

Por su parte, María C., que no era estudiante de la facultad, explicó que fue ella la persona que leyó el manifiesto en la sala que interrumpió la conferencia de Grande-Marlaska como acto de protesta y que cuando salió vio la supuesta agresión a su compañero. La procesada reconoció que en ese momento se encaramó por la espalda a uno de los dos agentes que estaban en el exterior cayendo ambos hacia atrás. «No quería empeorarlo. Creo que se desestabilizó», afirmó.

La versión de la Policía fue coincidente y la aportaron varios agentes que participaron en el dispositivo . Según relató uno de ellos, tras tener conocimiento de que la intención del colectivo de Valcárcel Recuperado era boicotear el acto, se reforzó la seguridad teniendo en cuenta además la especial circunstancia de que uno de los ponentes era el magistrado Grande-Marlaska, el juez de la Audiencia Nacional que ha combatido el terrorismo, entre otros difíciles asuntos.

La constancia de que el objetivo era reventar la conferencia fue pública ya que el propio colectivo hizo un llamamiento en las redes sociales para que la gente acudiera a la conferencia donde iban a entrar para leer un comunicado de protesta por el reciente desalojo del edificio Valcárcel. Por otro lado, y según el testimonio de los policías, tanto aquel mismo día por la mañana en otra concentración como a la entrada de la charla pudieron escuchar que alguno afirmaban:«Vamos a terminar en Comisaría», «para eso hemos venido», o «amenazas» sobre este mismo asunto horas antes. «Era previsible que pudiera ocurrir algo. Habíamos tenido ya problemas con algunos de ellos».

Así, en este contexto, y tras recibir también advertencias por parte de la Brigada de Información, se trazó el dispositivo. El juez tendría a un agente de escolta en el interior más otro propio, un policía de enlace en la puerta y otros agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) en el exterior de la universidad por «si era necesario actuar». Dicho operativo, de acuerdo al testimonio dado por los jefes del servicio, se puso en conocimiento del decano de la facultad, quien «mostró su preocupación» por el aviso, y también del rector.

Actitud «violenta»

Según relató el inspector jefe, durante la lectura del manifiesto dos asistentes salieron pidiendo que entraran ante la situación que se había creado. Pero sin que le diera casi tiempo a tomar una decisión y consultarla, uno de los manifestantes se dirigió hacia él y le comenzó a proferir a gritos. «¡Puta Policía, puta España!», ante lo que le pidió que se identificara. Fue en ese momento cuando el procesado, según este agente y la Fiscalía, comenzó a pedirle explicaciones al policía «poniéndole las manos en la cara» y cuestionándole que «quién era él para pedir la identificación» a su compañero manifestante. Ante esta «actitud violenta», el inspector le pidió también el DNI «hasta en tres ocasiones». «Se resistió en todo momento y empezó a empujarme», negando además lo mantenido por el procesado de que sacó la cartera. Sobre si él mismo se identificó, afirmó: «Íbamos uniformados», una circunstancia reconocida por todos los testigos y que también el juez llegó a indicar en la sala.

La situación se volvió entonces más tensa ya que los manifestantes, según la versión policial, comenzaron a increpar y a rodear al agente cuando se iban a llevar detenido al acusado. Fue entonces cuando se dio instrucciones de que se entrara en la facultad. «Tenían acorralado al inspector, tuvimos que entrar a separarlos». Ante las preguntas de la abogada, los policías aseguraron que algunos sí utilizaron las defensas aunque dentro del protocolo que tienen instaurado de intervención en la unidad específica a la que pertenecen. «El chico fue el detonante de la actuación», explicó el escolta de Grande-Marlaska. «Se negó a colaborar». Este agente aseguró además que el propio magistrado les solicitó que tras la conferencia le dieran protección porque «no quería ningún problema» y que, durante el acto, le habían increpado y se habían acercado a él.

Por su parte, los testigos de la defensa, miembros del colectivo, insistieron en que sí hubo agresión y que vieron como Iván C. «se defendía» de los golpes que estaba recibiendo «con las manos en alto». Para una de las organizadoras del evento, la situación se «extralimitó», ya que los manifestantes salieron «pacíficamente» y los policías «se cegaron», llegando incluso a «coger de las rastas» al acusado para tirarlo al suelo, un hecho que no fue concretado sin embargo por el propio perjudicado y que al juez le llamó la atención, que llegó a cuestionarle a la testigo si es que había visto más que el propio detenido.

El decano aseguró que no vio al magistrado de la Audiencia Nacional ademán de pedir protección y que los policías llegaron a ser «más agresivos» que las personas que allí se habían citado para protestar que en «actitud pacífica» ante lo que estaba ocurriendo levantaron sus manos gritando 'estas son mis armas'. El docente, que explicó que el rector salió para intentar que se parara la intervención policial, aseguró que él mismo fue avisado por una azafata que le recomendó que se quedara en la sala para no recibir ningún golpe.

En cuanto a la intervención en una universidad, un asunto que trajo bastante polémica tras los hechos y que llegó incluso a destacar el rector de la UCA, el juez aclaró en sala que según la ley «la facultad es un sitio público tanto para la gente como para la Policía Nacional».

Tras la declaración de los acusados y testigos, el Ministerio Fiscal y la defensa elevaron a definitivas sus peticiones. La fiscal solicitó seis meses de cárcel para los procesados al considerar que hay pruebas suficientes de la «conducta activa» en la resistencia de los procesados y de la intervención «plenamente justificada» de los agentes. Mientras, la defensa pidió la absolución de sus representados al entender que no se da el tipo de delito por el que se les juzga. Cree que actuaron «de manera pacífica» y que «la carga no fue proporcional». La abogada sí incluyó en sus conclusiones una alternativa a la resistencia y que no tendría condena penal.

Así, tras escuchar la versión de todas las partes, el juicio quedaba visto para sentencia.