TRIBUNALES

La juez archiva provisionalmente la querella del PP por el ‘caso Loreto’

Los populares anuncian que recurrirán el auto judicial ante la Audiencia Provincial al considerar que «se nos estaba imputando un delito»

El alcalde y su jefe de Gabinete en un acto con vecinos de Loreto.
El alcalde y su jefe de Gabinete en un acto con vecinos de Loreto. - LA VOZ

Las declaraciones de la ex alcaldesa de la ciudad, Teófila Martínez, de los concejales del PP José Blas Fernández, Bruno García León y del ex concejal popular Antonio Castillo previstas para esta mañana a las 10 horas, se han suspendido tras la recepción por parte de los demandantes a las 9,30 horas de un auto judicial en el que se decreta el archivo provisional de la causa por «injurias y calumnias» contra el alcalde de la ciudad, José María González Santos, el concejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, y el jefe de Gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia Magaz.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha dictado un auto en el que se acuerda el sobreseimiento y archivo provisional de la causa por un presunto delito de injurias y calumnias a cuenta de las declaraciones vertidas contra el anterior equipo de gobierno del PP -que interpuso una querella- en relación al incidente del corte de agua en el barrio de Loreto en 2014. En la querella, interpuesta por todo el anterior equipo de Gobierno del PP, se acusaba al alcalde, al responsable de Medio Ambiente y al asesor político de «injurias y calumnias» por manifestar públicamente que los querellantes «contaminaron a sabiendas a los 13.000 vecinos del barrio de Loreto durante 14 días».

En el auto del juzgado, la magistrada deja sin efecto las citaciones de querellantes y acusados en relación a esta causa, que estaban previstas a partir de este miércoles.

El juzgado ha entendido, según argumenta en el auto, que el recurso de reforma interpuesto por el alcalde y el resto de investigados debe ser atendido «ante la evidencia de que no existía por parte de los querellados un propósito específico de injuriar y sí, por el contrario, la concurrencia de un ánimo de crítica respecto a la gestión de los asuntos públicos».

En cuanto a las supuestas calumnias, señala que es «una crítica política, que no se imputa un delito de forma concreta y evidente, y que existe, cuando menos, una actuación administrativa irregular en relación con algunos aspectos de la empresa municipal de aguas».

«El PP se ha caído con todo el equipo»

El alcalde de la ciudad ha mostrado su satisfacción por el auto asegurando que «se trata de una buena noticia porque supone un primer paso en algo de lógica: la desjudicialización de la vida política». El regidor gaditano ha añadido que «el PP ha centrado su acción en embarrar todo lo que se hace desde este Ayuntamiento para tratar de sacar todo el rédito posible, y se ha caído con todo el equipo».

González Santos ha insistido en que la jueza les ha dado la razón «ante el uso torticero del PP para tratar de darle la vuelta a una situación como fue el corte de agua en Loreto y la existencia de análisis con agua contaminada desde días antes de que se produjera». «Ellos son los que tienen que explicar qué pasó en Loreto», ha enfatizado.

El primer edil gaditano ha añadido que «el auto recoge prácticamente en su totalidad el recurso presentado por el equipo de Gobierno y archiva la causa penal ante la evidencia de que lo que se hizo, y seguimos manteniendo, es una crítica política a una gestión irregular. Un hecho del que, por otro lado, llevamos a la Fiscalía para que estudiara si había indicios de delito por parte de los anteriores gestores municipales».

Kichi ha concluido diciendo de forma tajante que el Gobierno local va a «llegar hasta el final en este asunto». «Nosotros asumimos la responsabilidad de saber qué ocurrió en Loreto y nos comprometimos con los vecinos en buscar una respuesta. Vamos a depurar responsabilidades».

Recurso ante la Audiencia Provincial

Por su parte, el PP -aunque respeta la decisión de la jueza, no la comparte- y ha anunciado que recurrirá el auto en el plazo establecido ante la Audiencia Provincial. El portavoz popular, Ignacio Romaní, ha señalado que «no creemos que el hecho de ser cargo público exima a nadie de imputar un delito a otra persona y para nosotros -con las declaraciones que hizo- sí nos estaba imputando un delito y creemos que sí que existen calumnias e injurias». A su juicio, este auto no puede ser «patente de corso» para que a partir de ahora cualquier cargo público «pueda atribuir un delito a otro sin pagar por ello. En este caso creemos que se le puede volver en contra al propio alcalde».

Por otro lado, una de las razones esgrimidas por el PP para recurrir el auto es que «se pone en duda la veracidad de los publicado y no sólo en un medio de comunicación sino en todos los que el día de los hechos estaban presentes en el acto en el que se produjeron dichas declaraciones por parte del alcalde».

Romaní lamenta que «el alcalde siga excusándose en que los periodistas le interpretaron mal y que el auto recoja esta posibilidad no nos parece correcto».

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