Sin temor al efecto llamada y a la espera del efecto contagio

Los mayores opositores al empadronamiento de personas sin techo defienden que concederles esos derechos administrativos que les corresponden ejercería un «efecto llamada», es decir, que muchos indigentes se concentraran en la ciudad que les concede ese trámite para salir de las que se lo niega. Tanto Menchu Romero como Diego Boza descartan ese riesgo y minimizan su importancia cuando se compara con la obligación de conceder derechos legales: «Garantizar el cumplimiento de la Ley, darles el tratamiento quele corresponde como ciudadanos está muy por encima de conceptos como el temor al efecto llamada o la posible saturación de servicios sanitarios que temen en zonas con gran presencia de ciudadanos extranjeros», afirman Boza. Sencillamente, dicen, eso no va a suceder porque se trata de un colectivo «alienado en muchos casos, que tiene dificultades para organizarse, dar el paso y actuar, es reacio en muchos casos a recurrir a las administraciones», recuerda Romero tras una vida profesional entera trabajando con estos colectivos.

En cambio, recuerda que algunos son capaces de rehacer su vida, en lo personal, lo familiar, lo laboral y lo económico. Por ellos y por los que no pueden, defiende que es preciso trabajar cada vez más. Si hubiera llamada, dicen, las instituciones estarían en la obligación de atender esta demanda. Ambos confían, en cambio, que otras ciudades del entorno de Cádiz (ya lo hacen también los ayuntamientos de Huelva, Sevilla o Zaragoza) den el paso de facilitar el empadronamiento. Así, por contagio de la aplicación de la Ley, el posible efecto llamada desaparecería de forma inmediata.