Fran González, a su llegada a los Juzgados de San José.
Fran González, a su llegada a los Juzgados de San José. - FRANCIS JIMÉNEZ
TRIBUNALES

Las amenazas a Fran González serán juzgadas como «delito grave»

Los denunciados, ahora «investigados», podrían enfrentarse a penas de prisión de tres a cinco años si finalmente se considera que ha habido «atentado contra la autoridad»

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Fran González, portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, llegaba sobre las 10.45 horas a los Juzgados de San José acompañado de su abogado con semblante serio. Poco después lo hacía el portavoz popular, Ignacio Romaní, en calidad de acusación popular, y el portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, en muestra de apoyo a su compañero de Corporación tras las amenazas recibidas por personas afines a Podemos en el Pleno extraordinario donde se debatían los presupuestos municipales el pasado 1 de julio, rechazados finalmente por toda la oposición en bloque.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha atendido la petición del abogado de Fran González, a la que se ha sumado la acusación popular -ejercida por el PP- y el propio fiscal, por la que se inicia un nuevo procedimiento que juzgará las presuntas amenazas al socialista como «delito grave» y no como delito leve.

Es más, según ha explicado el propio Fran González a la salida de los Juzgados, el fiscal ha apoyado la petición de su defensa llegando a calificar los hechos como «atentado a la autoridad».

Se inicia por tanto un nuevo procedimiento judicial en el que los hechos denunciados en su día pasan a considerarse un «delito grave», estando previsto que las partes vuelvan a ser citadas en las próximas fechas. Concretamente, los denunciados -que pasan a ser «investigados»- declararán el 7 de septiembre y el portavoz socialista el viernes día 9. Será entonces, ha afirmado Fran González, «cuando los dos acusados tendrán que explicar ese acoso permanente que los concejales del PSOE estamos sufriendo desde hace más de un año» y por qué «nos amenazaron en el Pleno diciendo que tendríamos que ir con escolta y que nos esperarían en la calle».

Ha lamentado que con hechos como este se esté intentando «coartar nuestra libertad a la hora de ejercer nuestros derechos y obligaciones como ediles elegidos por el pueblo».

En el caso de que se considere finalmente que se trata de un delito de atentado contra la autoridad, los denunciados (ya investigados) «respetando el principio de presunción de inocencia que ostentan, podrían enfrentarse a penas de prisión de entre tres y cinco años, además de la correspondiente orden de alejamiento hacia el denunciante», según ha explicado el abogado del portavoz socialista, Javier Puyol. Por el contrario, si se quedara en un delito de amenazas graves, la pena sería más leve. Ha añadido que «el Juzgado lo ha estimado ya que entiende que se produjo una intimidación grave hacia un concejal en el ejercicio de sus funciones».

González presentó el mismo día del Pleno una denuncia en la Comisaría Provincial de Policía por los «insultos y amenazas», según dijo, «de personas afines al equipo de gobierno» ya que uno de los denunciados, Manuel Alexis González Saenz, formaba parte de la lista de Por Cádiz sí se Puede (PCSSP) en las pasadas Elecciones Municipales. Concretamente, ocupaba el puesto número 13.

No obstante, el portavoz socialista ha asegurado que «no hemos querido en ningún momento hacer una confrontación política de este asunto. Creemos que debe estar por encima de ese estado de tensión existente en los Plenos del Ayuntamiento».

«Actitudes cuasi abertzales»

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Ignacio Romaní, ha explicado a la salida del Juzgado que su partido se ha personado como acusación popular porque «no podemos permitir que se produzcan este tipo de insultos y amenazas en una ciudad como Cádiz, cuna de la libertad y lugar en el que se creó la Constitución de 1812».

Ha añadido que «entendemos que ha habido un intento grave de manipular la capacidad de voto de los concejales a través de insultos y de presiones y no vamos a consentir que haya comportamientos cuasi abertzales en el Ayuntamiento de Cádiz. Hay que pararle los pies a personas que tienen este tipo de actitudes».

Los populares han señalado por último que «siempre estaremos al lado de quién expresa con libertad el voto que le han dado los ciudadanos, a diferencia del alcalde, que nos da la espalda».

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