El PP pide suspender temporalmente la municipalización de los servicios de playas

El proceso de municipalización de los servicios de playas, que constan de la limpieza de la arena, salvamento y socorrismo y mantenimiento de los vestuarios, parece que no está tan cerca como parecía o pretendía el equipo de Gobierno de Podemos.

A apenas un mes de la fecha anunciada por el nuevo concejal de Medio Ambiente, Álvaro de la Fuente, para la recuperación de este servicio por parte de la empresa Cádiz 2000 (que asumiría a las respectivas plantillas), aún no se sabe nada de los informes de los técnicos municipales acerca de las alegaciones presentadas tanto por el Partido Popular y Ciudadanos como por el Sindicato de la Policía Local (SPL). Estas alegaciones, básicamente, ponían de manifiesto la incertidumbre acerca de la viabilidad del proceso de municipalización iniciado por el equipo de Gobierno con el apoyo del PSOE.

Ahora, ante el anuncio de dos disposiciones adicionales incluidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017, en las que se limitaría la inclusión de las plantillas de trabajadores de las respectivas empresas adjudicatarias de estos servicios, ha vuelto a saltar la polémica.

No obstante, desde el PP aseguran que ya en los presupuestos de 2016 (en su disposición adicional décimo quinta) se contemplaba que «la contratación de personal por parte de una sociedad como el Palacio de Congresos se tenía que sujetar a la llamada tasa de reposición».

Por tanto, declara el portavoz popular, Ignacio Romaní, «no es que la Ley de Presupuestos para 2017 ponga ninguna traba al Ayuntamiento, sino que el presupuesto de 2016 como la Ley de Racionalización y en todo el marco legal al respecto son muy claros sobre la posibilidad legal de que una entidad pública, sea la principal o sea un sociedad municipal como es el caso, que tiene siete empleados, pueda asumir a más de 200. Es una obviedad y venimos advirtiéndolo desde hace meses».

Ante esto, el PP ha enviado un escrito en el que solicita a la Secretaría General del Ayuntamiento un informe exhaustivo de cómo afectarán las nuevas disposiciones al proceso de municipalización.

En esta misma misiva se exige «como medida cautelar» la suspensión temporal de este proyecto de recuperación de los servicios «hasta que no se dictamine por parte de la Secretaría General y del Ministerio de Hacienda de manera favorable la adecuación legal de dicho proceso a la citada Ley de Presupuestos del Estado y demás preceptos del marco normativo».

Posible proceso selectivo

Para Romaní, «la chapuza de la municipalización es un empeño de Podemos porque han visto que en estos dos años han sido incapaces de cumplir una sola de las promesas con las que quisieron engañar a los trabajadores de las contratas tanto de la limpieza y recogida de basuras como a los de transportes o las limpiadoras».

Añade que «le ocultan de manera reiterada y consciente a los trabajadores de playas que van a tener que pasar un proceso de selección sin ninguna ventaja. Es más, los interinos municipales tendrán ventaja sobre ellos si finalmente se hace mediante concurso oposición».

Desde el PP insisten en que «esperamos que esto no termine con la comisión de alguna responsabilidad legal porque estamos advirtiendo desde hace tiempo de lo que consideramos puede suponer un acto administrativo irregular».

El PSOE, que apoyó fundamentalmente por motivos ideológicos el inicio del proceso de municipalización, ve cada vez más incertidumbres y dudas.

Su portavoz, Fran González, llega a calificar la situación actual de «complicada por cada día que pasa» y asegura que «debemos ser muy prudentes y cautelosos ya que está en juego no sólo el futuro del servicio sino el de muchas familias gaditanas». González cree que el tiempo se viene encima y que aún «ni conocemos las alegaciones presentadas ni la contestación que dan a las mismas los técnicos».

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, señala que «si por algo peligra en este momento la municipalización del servicio, no es por las disposiciones adicionales sino por el posible incumplimiento del equilibrio presupuestario, que es un requisito indispensable».