Una concejala del PSOE de San Fernando incita a una familia a okupar una casa vacía de manera ilegal

En una grabación a la que ha tenido acceso LA VOZ, la teniente de alcaldesa, delegada del Área de Inclusión y Políticas Sociales, concejala de la Mujer, Servicios Sociales, Dependencia y Salud y Vicepresidenta de la Fundación Municipal de la Mujer en el Ayuntamiento de San Fernando, Ana Lorenzo, indica a una familia la manera de conseguir un alquiler social ocupando una vivienda vacía de una entidad bancaria de forma ilegal para lograr así ayudas municipales.

Lorenzo llega incluso a decir en dicha conversación que se ha hecho «experta en estos temas» a raíz de ostentar este cargo público y atender diariamente a numerosas familias con problemas de vivienda.

La grabación corresponde a un encuentro mantenido por la responsable de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Fernando (del Partido Socialista), con una mujer y su expareja cuando fueron a solicitarle ayuda ante la orden de desahucio por impago que pesaba sobre ella y sus tres hijos menores en una vivienda de un particular del municipio isleño situada en la calle Concha Pérez Baturone, 4.

Esta mujer vive sola con sus tres hijos y, aunque ya ha contado con ayuda municipal, dejó de percibirla al no presentar la justificación de este alquiler ya que, según explica, «el propietario no nos facilitaba los papeles».

La edil socialista, en este encuentro, explica a la familia que es más complicado parar un desahucio si la vivienda es privada pero si se trata de un inmueble público es diferente. Asegura que «yo me harto de trabajar para parar los desahucios de entidades bancarias» indicando a continuación la dificultad de las de particulares.

Tras estas afirmaciones, en un determinado momento de la conversación y cuando la familia le comenta que si no le dan soluciones va a tener que okupar una vivienda, Ana Lorenzo les dice textualmente «yo no comparto que haya 200.000 viviendas vacías de entidades bancarias, con el dinero que tienen, y que haya familias en la calle. Lo que pasa es que no debo deciros esto».

A continuación pasa a proponerles lo siguiente: «yo os digo ahora mismo una vivienda en la que entráis y yo intento -que no os digo que vaya a conseguir nada aunque lo he conseguido con el resto de las familias- que os hagan un alquiler social, que teniendo una pensión lo conseguís casi seguro». Indicar que la afectada tiene una minusvalía de un 70 por ciento y cuenta con una pensión de 363 euros.

La responsable de Servicios Sociales insiste:«yo os digo una vivienda ahora mismo que está vacía, es de Unicaja». Añade que «cuando te metes la Policía no te puede echar. Es la gente la que va a la Policía y dice que que está ocupando una vivienda. Ésta hace un informe y cuando el banco se entera negocia con vosotros, os citan en el Juzgado y se celebra un juicio. Se le dice al juez que es cierto que se vive allí, que hay tres menores (en el caso de esta familia) y la entidad bancaria procede si quiere al alzamiento de la vivienda».

Ana Lorenzo les advierte de que «teneis que ser conscientes de que vivís en una casa de manera ilegal y que hasta que no consigáis un alquiler social no os va a corresponder la ayuda del Ayuntamiento».

El procedimiento a seguir

La edil socialista les explica entonces los pasos que deben dar ya que, según les indica, «el único problema es que tenéis que tener luz y agua». Lorenzo les asegura que, según le han dicho otros usuarios, «lo de la luz se hace llamando por teléfono a la empresa diciéndoles que os cambiáis de domicilio y que queréis cambiar el contrato». Seguidamente les explica que «con ese contrato venís al Ayuntamiento y os empadronáis en esa vivienda. Esto es muy importante cuando vayáis al juzgado porque decís entonces que vivís allí y que además estáis empadronados en esa vivienda».

En cuanto al contrato del agua, el procedimiento es diferente. Primero, es necesario saber si la casa tiene contador. La responsable de Asuntos Sociales les comenta que otra usuaria le dijo que lo logró tras pedir una copia simple de la casa a través de internet. «Vas a la empresa y te hacen el contrato», añade.

Tras esta explicación sobre la forma de solventar estos dos requisitos, la concejal les transmite su voluntad por ayudarlos y les repite que «voy a volver a llamar a la Junta pero dudo que de la semana pasada a esta haya una vivienda». Les insiste en que «he estado encima de vuestro caso todo el tiempo» y que, a pesar de las indicaciones para resolver su problema de esta manera, «lo ideal sería que alguien os alquilara una vivienda».

Datos privados

La edil socialista llega incluso a facilitarles la dirección de una de las viviendas de las que tiene conocimiento que están desocupadas a través de otras personas que han hecho lo mismo.

Señala que «la chica que estuvo en dicha vivienda tuvo suerte y no tuvo que tirar la puerta porque metió una radiografía o una tarjeta y no estaba echada la llave». Les vuelve a advertir de que «hay que tener cuidado cuando entréis en la vivienda porque si hay algún vecino y llama a la Policía y llega, no es lo mismo que estéis dentro a que hayáis tirado la puerta».

Reitera que «si entráis en una de esas, haciendo el traslado de la luz por teléfono y si os puedan dar de alta el agua, yo creo que sí...».

Protección de datos

La familia confirma que la concejal les escribió ella misma los nombres y el teléfono de dos personas que habían ocupado viviendas. Se puede escuchar en la grabación: «decidle que le llamáis de mi parte, que soy Ana Lorenzo». La propia concejal dice «Dios mío, me estoy saltando aquí la protección de datos pero cuando a ellas les ha hecho falta las he ayudado también».

Una vez finalizada la reunión y antes de despedirse, la expareja de la afectada le comunicó a la responsable de Servicios Sociales que era periodista de profesión. Tras decir la concejal si le iba a sacar en los medios de comunicación expresó: «ojalá quede yo como la que ayudaba a la gente a no estar en la calle invitándola a entrar en viviendas de entidades bancarias que están vacías».