Cádiz recibe con cautela la derogación del decreto de la estiba

Con cautela. Extremadamente precavidos recibían tanto estibadores como empresarios portuarios de Cádiz capital la noticia de que el Real Decreto Ley de la estiba había sido tumbado finalmente. A lo largo de toda la mañana del jueves se ha vivido en el Congreso de los Diputados un tenso debate que arrancaba sabiendo ya que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se había quedado solo (incluso sin apenas compañía de su propio partido en la bancada) defendiendo un texto que, según el sindicato mayoritario de la estiba Coordinadora, era mucho más severo en su aplicación que la propia sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que insta a España a liberalizar este sector.

La primera consecuencia que desencadenó la falta de apoyo en el Congreso al Real Decreto fue que los estibadores españoles desconvocaran inmediatamente la huelga de cuatro días prevista para el 17, 20, 22 24 de marzo.

La reforma de la estiba tiene que seguir avanzando a partir de ahora pero «contando con los trabajadores de los muelles» o al menos eso es lo que espera el representante de la plantilla de Cádiz, Juan Pablo Chaves.

Él mismo apunta que habrá que analizar ahora si se retira totalmente el decreto o se tramita como ley con posiblidad de que los grupos políticos agreguen enmiendas. Un detalle importante, porque lo segundo dejaría a las plantillas de lasSociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) sin mucho margen para la negociación.

El Ejecutivo no ha logrado siquiera el apoyo de tradicionales aliados de los populares como Ciudadanos (que han votado en contra) y Coalición Canaria (abstención), grupos que han explicado su posición entendiendo que el texto iba más allá del estricto cumplimiento de la sentencia europea y por no haber estado «precedido de una negociación». En este punto, Chaves subraya que ellos llevan «dos años intentando negociar con el Gobierno, y no ha habido manera».

Ni siquiera con el respaldo de estos grupos hubiese conseguido la convalidación del Real Decreto, pero dicha oposición evidencia que el Ejecutivo estaba solo en su argumentación. La votación ha sumado así 175 votos en contra, 142 votos a favor y 33 abstenciones. Como curiosidad, el exportavoz parlamentario de Podemos, Íñigo Errejón, se ha abstenido por error.

A menudo se argumenta que el Estado español está pagando una multa por no aplicar la sentencia del Tribunal europeo «pero lo que nadie subraya es que esa cuantía se paga, no por la oposición de los estibadores al Decreto, sino por la tardanza del Gobierno en lograr una solución pactada con los afectados», argumenta Chaves, quien reitera que ellos están dispuestos a adaptarse a las demandas europeas pero sin poner en peligro sus puestos de trabajo.

Pero es más, según explicó el líder sindical Antolín Gálvez, al salir del Congreso de los Diputados, «hay tiempo hasta el mes de junio del presente año antes que desde Bruselas activen las sanciones contra España».

A partir de hoy los sindicatos reclamarán que España cumpla con sus compromisos con la Organización Internacional de Transporte y exija un registro profesional de estibadores. Además, Anesco tendrá tiempo para facilitar el listado, compromiso adquirido ya hace un par de semanas, con el personal sobrante en cada terminal, así como un estudio de posibles prejubilaciones.

Los estibadores afectados en Cádiz por la reforma que exige una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, que aboga por la libre competencia, son exactamente 48 trabajadores, contratados por las Sagep. Son relativamente pocos frente a los 1.600 estibadores de Algeciras o a las 6.150 personas que mantienen esta actividad básica para el funcionamiento del transporte marítimo de mercancías en todo el país, pero de ellos depende la actividad comercial del puerto de Cádiz.

¿Qué pretendía el Decreto?

El Real Decreto fallido pretendía que se crearan libremente empresas de servicios de estiba con un régimen similar al de una Empresa de Trabajo Temporal (ETT). Establecía un mínimo periodo transitorio de tres años en el que se obligaba al mantenimiento de un porcentaje de la actual plantilla; el 75% el primer año, el 50% el segundo y el 25% el tercero. Por lo que en tres años, buena parte de las plantillas actuales podrían estar en el paro.

El texto que no ha sido respaldado por el Congreso exigía adaptar los actuales convenios colectivos a la normativa o directamente los anulaba y, con alguna excepción, los estibadores necesitarían solo una titulación de FP. Las autoridades portuarias asumirían los costes de los despidos, algo que no se entiende cuando las Sagep son empresas privadas, que operan bajo la normativa de la Ley de Puertos.