El Ayuntamiento de Cádiz colocó la bandera republicana la pasada semana.
El Ayuntamiento de Cádiz colocó la bandera republicana la pasada semana. - ANTONIO VÁZQUEZ
POLÉMICA

La bandera republicana abre una guerra institucional

El equipo de Gobierno sigue avivando el fuego y reclama a Agustín Muñoz que explique el robo de los 300 kilos de cocaína, por el que «debe pedir perdón»

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La polémica por la colocación de la bandera republicana por parte del Ayuntamiento en las Puertas de Tierra sigue viva a pesar de que el Consistorio ya ha acatado la media cautelar impuesta por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Cádiz.

Tras reclamarle a la Subdelegación la retirada de la embarcación que encalló hace seis días en la Caleta procedente de Marbella, el equipo de gobierno municipal ha vuelto a la carga. Esta vez recordó al Gobierno el «largo historial» de cuestiones por las que «deben pedir perdón a toda la ciudadanía», entre las que ha destacó el robo de los 300 kilos de cocaína del depósito municipal.

El gobierno local replicó así al subdelegado del Gobierno, Agustín Muñoz, por sus declaraciones en las que instaba al alcalde, José María González, a «pedir perdón» por la «polémica» creada en torno al izado de la bandera de la II República en la plaza de la Constitución.

A este respecto, aseguró que «la polémica la han creado ellos al pedir la retirada de una bandera colocada en la vía pública y en el contexto de unas jornadas que pretenden precisamente avanzar en la recuperación del daño a las víctimas, un camino que la Subdelegación del Gobierno parece no querer recorrer».

Asimismo, enfatizó que es la Subdelegación la que tiene «un cúmulo de actuaciones por las que deberían pedir perdón a la ciudadanía de Cádiz», como es el hecho de que «nada se sepa de la investigación que anunciaron que se llevaría a cabo varios años después de que robaran 300 kilos de cocaína del depósito de la Policía Nacional y delante de sus narices». A ello, añadió que «tampoco se sabe nada del largo tiempo que tardaron en encontrar al exdelegado de Zona Franca, Manuel Rodríguez de Castro ni de la tardanza para llevar a cabo su extradición».

El equipo de Gobierno también situó en este «historial» el estado en el que se han encontrado durante años las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional y que «obligaron a su traslado casi ‘in extremis’» este año así como la falta de agentes de Policía Nacional en la ciudad. Finalmente, el equipo de gobierno acusó a la Subdelegación del Gobierno de «haber iniciado esta polémica y querer hacer responsable al Ayuntamiento», sin que «les importe haber utilizado las instituciones públicas, de nuevo, para defender sus propios intereses».

«Ocultar la falta de gestión»

Ante estas declaraciones, el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, también quiso puntualizar que el equipo de gobierno del Ayuntamiento gaditano «debería dejar de buscar protagonismo con polémicas que sólo pretenden ocultar la falta de gestión municipal». Muñoz se reafirmó en su valoración sobre el caso del izado de una bandera republicana en la plaza de la Constitución como «caso reincidente», afirmando además que «algo no deben hacer bien en el equipo de gobierno municipal cuando los jueces, en dos veces consecutivas (en los años 2016 y 2017), les han obligado a dar marcha atrás en la colocación de banderas republicanas», insistiendo en que «quizá deben pensar pedir perdón a los gaditanos por estas cuestiones».

En una contrarréplica al gobierno local, el subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz mantuvo que todas las instituciones públicas y sus representantes «estamos obligados a cumplir y hacer cumplir las leyes», y dentro de ese ámbito «hemos actuado desde la Subdelegación desde el principio», lamentando que en este caso el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz «sea el que pretenda estar al margen de las normas según convenga, y quiera sembrar dudas sobre las decisiones judiciales».

Agustín Muñoz pidió al equipo de gobierno municipal «respeto y neutralidad», recordando que «gobiernan no sólo para una parte de la ciudadanía, sino para toda la sociedad gaditana en su conjunto», por lo que «flaco favor hace» a la convivencia «perder la objetividad y neutralidad que en todas las administraciones deben mantenerse a la hora de la gestión pública».

Finalmente, defendió la «independencia» de las decisiones judiciales «que a todos nos afecta», manteniendo que «nadie está al margen del cumplimiento de las leyes ni de las decisiones judiciales, gusten o no», pidiendo nuevamente «respeto y acatamiento».

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