TRIBUNALES

El exalcalde de Puerto Serrano acepta cuatro años de inhabilitación por 'enchufismo'

Su sucesor, Francisco Javier Gómez, acepta tres años y nueve meses también de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada

El exalcalde de Puerto Serrano acepta cuatro años de inhabilitación por 'enchufismo'

El juicio contra los dos últimos exalcaldes de Puerto Serrano, Pedro Ruiz Peralta y Francisco Javier Gómez, ambos de Izquierda Unida, ha terminado con un acuerdo de conformación de las partes. Ambos regresan a casa con penas de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada tras la sesión que estaba prevista este martes en la Sala Octava de la Audiencia Provincial que se encuentra en Jerez.

Ruiz, que fuera alcalde de la localidad serrana durante más de dos décadas ha aceptado una pena de cuatro años y un mes de inhabilitación, así como el que fuera su sucesor, Francisco Javier Gómez, que zanja este asunto con tres años y nueve meses también de inhabilitación. Ambos han sido considerados autores del delito. No así el técnico de Deportes del Consistorio, Pedro Gutiérrez Naranjo, que también estaba imputado en esta causa y que finalmente ha sido considerado cooperación necesario, lo que le ha supuesto una pena de once meses de inhabilitación.

El acuerdo de conformidad les ha permitido a los dos exalcaldes reducir considerablemente las penas a las que se enfrentaban. La Fiscalía pedía para Ruiz Peralta doce años y nueve para su sucesor. Anticorrupción los acusaba de pagar con fondos municipales las nóminas mensuales a familiares de concejales y cargos del Consistorio sin que éstos fueran funcionarios de la administración local. Al parecer, realizaban estos contratos sin que se hiciera un proceso de selección previo y en contra de los informes de la Intervención del Ayuntamiento polichero.

A la hora de definir las penas se han tenido en cuenta como atenuante «las dilaciones indebidas muy cualificadas», ya que según ha explicado el Fiscal Anticorrupción, «la causa ha estado paralizada porque se remitió por error del juzgado de instrucción al de lo penal, lo que ha impedido que no se haya podido reactivar el caso hasta el 30 de julio de 2015 cuando llegó a la Audiencia Provincial.

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