Sanz asegura que la mesa por astilleros de Diputación es puro «marketing electoral»

Es imposible que una mesa con dos patas se mantenga en pie. Y aunque la mesa que se ha propuesto desde la Diputación de Cádiz para velar por el futuro de los astilleros de la Bahía parece a simple vista que se apoya en cinco pilares –la propia Diputación y los alcaldes de Cádiz, San Fernando, Puerto Real y Chiclana–, en realidad son solo dos patas las que sustentan la iniciativa: PSOE y Podemos. Dos patas para una mesa que, además de inestable, resulta «improductiva» porque ni siquiera cuenta con «poder de decisión ni competencias sobre Navantia».

En estos términos se ha referido Antonio Sanz, presidente del PP de Cádiz, a la iniciativa liderada por Irene García para tratar de aumentar la carga de trabajo de los astilleros.

Un plan que ha considerado un ejemplo de «marketing y pose electoral» más que una herramienta para fortalecer más, si cabe, la actual situación de la industria naval de la Bahía de Cádiz.

«Después de dedicarse a poner zancadillas durante tantos años, ahora que todo está evolucionando de forma positiva, todos quieren salir en la foto», ha señalado Sanz al respecto de la propuesta de la presidenta de Diputación, a la que ha recordado que «la única mesa viable, posible, de interlocución directa y que ofrece resultados es la que el PP tiene con el Gobierno, Navantia y la SEPI». En este caso, una mesa con cuatro patas que por momentos podrá cojear, pero que no corre el peligro irse al suelo con todo lo que hay depositado sobre ella al más mínimo contacto.

Antonio Sanz ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la diputada nacional Teófila Martínez y el portavoz del grupo popular en Diputación, José Loaiza, una comparecencia en la que el presidente de PP de Cádiz recalcó que «astilleros es un soporte fundamental para la provincia y en el PP trabajamos desde la prudencia, la constancia y el rigor para impulsar la carga de trabajo». En sentido, destacó que las estrechas relaciones entre PP, Gobierno, Navantia y la SEPI «ha favorecido que los astilleros gaditanos podrán llegar hasta los siete millones de horas de trabajo con una actividad en construcción para los próximos seis años».

«Mantener y garantizar el empleo en la Bahía es nuestro primer objetivo, y lo estamos cumpliendo», expuso Sanz, que recordó que actualmente la plantilla de los astilleros gaditanos asciende a 1.759 trabajadores: 602 en Puerto Real, 160 en Cádiz y 997 en San Fernando. «No se ha perdido ni un empleo, a diferencia de las etapas anteriores del PSOE», recalcó Sanz, que añadió que en 2015 la media de operarios de industrias auxiliares ha sido de 1353, casi 500 más que durante el pasado ejercicio.

Sanz también desgranó los datos que arroja el impulso de la acción comercial de Navantia que se ha llevado a cabo. En este apartado destacó las 120 ofertas en construcción (69 militar y 51 civil) presentadas en 37 países y 280 en reparaciones durante 2014, así como las 57 ofertas (37 militares y 20 civil/eólicas) en el presente ejercicio.

El presidente provincial hizo hincapié en la ocupación de las plantas gaditanas, destacando la evolución de 15 puntos más entre 2014 y 2015 y teniendo en cuenta que «la mayoría de los contratos tendrán su mayor influencia en 2016». La ocupación media de las factorías gaditanas ha alcanzado el 75% en lo que va de 2015, frente al 60% de ocupación media de todo 2014. Unas cifras que garantizan siete millones de horas de trabajo para la Bahía y muchos años de actividad. «Son casi seis años de trabajo para los astilleros, un mapa totalmente diferente al que existía cuando gobernaban los que ahora se reúnen en una mesa, que crearon cero horas de carga de trabajo», añadió Sanz.

Formación reglada

Teófila Martínez, por su parte, catalogó de «infantiles» las propuestas que se están realizando en la mesa de trabajo Diputación. «De nada sirve tener más contratos si no hay trabajadores formados que los puedan llevar a cabo», destacó la exalcaldesa de Cádiz, que instó a la Junta de Andalucía a «emprender políticas de formación reglada para la industria del metal, porque las empresas contratantes exigen a certificaciones a los trabajadores».

En este sentido, José Loaiza añadió que «el único centro de formación de la Junta de Andalucía en la provincia, el CTI de San Fernando, fue cerrado sin dar ningún tipo de explicaciones. En Cádiz no hay quien certifique. Ojo porque nos podemos encontrar con llegue más trabajo, no haya trabajadores cualificados en la Bahía y tengan que llegar de otras comunidades».

Por ello, anunció la presentación de «iniciativas de control» en el Parlamento Andaluz para conocer «qué se está haciendo de formación en la Bahía de Cádiz, tanto reglada como ocupacional, en el sector naval» a la vez que se realizarán acciones en los ayuntamientos y la Diputación para que «nos expliquen qué acciones han llevado a cabo o van a hacer», ya que teme que «esta mesa sea un instrumento de confrontación con el Gobierno y no para buscar soluciones».