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La SEPI evalúa el futuro de los petroleros bajo una fuerte presión social y política

El consejo de administración de la sociedad que controla a Navantia decide este martes si cambia su postura negativa sobre el contrato y acepta la firma con nuevas condiciones

El presidente de SEPI, Ramón Aguirre, durante su visita a Cádiz en mayo de 2014 para confirmar el quinto gasero.
El presidente de SEPI, Ramón Aguirre, durante su visita a Cádiz en mayo de 2014 para confirmar el quinto gasero.

La rentabilidad social frente a la rentabilidad económica. Esta es la tesitura en la que se encuentra la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en relación a la firma del contrato de los petroleros. Todas las miradas están puestas hoy en la reunión que mantendrá el consejo de administración de este organismo, que depende del Ministerio de Hacienda y que se encarga de velar por los intereses de las empresas públicas del país, entre ellas Navantia. Está en juego el futuro de los astilleros gaditanos.

La situación es muy delicada. La SEPI tiene que tomar este martes una decisión que puede abrir o cerrar la puerta de la industria naval española a la construcción civil en los astilleros públicos, sin embargo, la operación de los petroleros es muy compleja tanto por su financiación como por la fórmula elegida para sacarla adelante. Los números no cuadran. No obstante, la presión social y política juegan desde hace semanas un papel determinante para inclinar la balanza en favor de este contrato y cambiar el criterio expuesto por la SEPI, que ha considerado la operación de «ruinosa» para los intereses de Navantia.

Las conversaciones entre Navantia y el grupo vasco Ibaizábal para construir cuatro petroleros con opción a dos más se iniciaron en octubre del año pasado, pero no fue hasta el 9 de marzo de 2015 cuando el contenido de esos contactos quedó plasmado en una carta de intenciones. El documento sirvió así como hoja de ruta hasta la firma del contrato de obra, que se fijó para el 30 de junio como fecha tope. Navantia selló entonces una alianza estratégica con el astillero coreano de Daewoo para poder ofrecer un precio competitivo a su cliente.

No hay que olvidar que los astilleros españoles llevan veinte años fuera del mercado de gaseros y petroleros y necesitan, por ello, apoyo externo para recuperar el tiempo perdido y hacer ofertas que resulten atractivas. De hecho, una comisión de técnicos de Daewoo ha visitado el astillero varias veces en los últimos dos meses.

Las negociaciones siguieron su curso y el 16 de mayo, en plena campaña electoral de las municipales, la dirección de Navantia y el armador del grupo Ibaizábal, Ondimar Transportes Marítimos, firmaron un preacuerdo para la construcción de los petroleros. El impacto mediático fue brutal, ya que situaba al astillero de Puerto Real como centro neurálgico de la producción y a la planta de Ferrol como complemento de la actividad. Navantia aprovechó entonces la ocasión para confirmar también su alianza con Daewoo, mediante la cual se establecía que Corea aportaba la tecnología y los bienes de equipo, mientras que los astilleros españoles se encargaban exclusivamente de la mano de obra.

Pero todo parecía demasiado fácil para ser verdad. La situación cambió de color el 30 de junio, horas antes de expirar el plazo para la firma del contrato de obra. Uno de los problemas que surgió estaba relacionado con la financiación. No estaba claro que la operación contara con las ayudas fiscales que regula Europa a través del ‘tax lease’, vitales para que el grupo Ibaizábal reciba hasta un 30% de descuento en el impuesto de sociedades.

Cambio de discurso

Un día después de la supuesta firma del acuerdo se supo por fuentes sindicales que Navantia y Ondimar habían firmado un contrato que necesitaba, como cualquier otro, del beneplácito del consejo de administración de la SEPI. El nuevo marco establecía la construcción de los seis petroleros en tres fases de dos unidades cada una de ellas. Las dos primeras serían inmediatas, mientras que la tercera se aplaza sin fecha.

Pese a todo, cundió la incertidumbre en el sector naval ante la pérdida del contrato de los petroleros por diferencias entre la dirección de Navantia y la SEPI. De hecho, la plantilla de los astilleros gaditanos denunció en ese momento que la SEPI no apostaba por la construcción civil. El contrato empezó a hacer aguas mientras que el PP insistía en su defensa y el PSOE y la Junta exigían explicaciones al Gobierno de la nación sobre su viabilidad.

El debate sobre el contrato de los petroleros se recrudeció cuando LAVOZ publicó la conclusiones de un informe técnico elaborado por la SEPI en el que mostraba sus dudas sobre la viabilidad del proyecto y lo calificaba de «ruinoso».Se destaca que España actúa como mano de obra y no supone, por ello, ningún valor añadido para su industria, ya que la tecnología y los bienes de equipo son importados.

Estas conclusiones también reparan en el escaso margen de beneficio de los barcos, lo que significa que cualquier contratiempo a lo largo de su construcción «puede llevar a un negocio con pérdidas». Igualmente aclara que el grupo vasco aún no ha cerrado el contrato con los dos clientes a los que alquilará la flota solicitada, Cepsa y Repsol, lo que añade más riesgos a la operación.

El PP gaditano cierra filas entorno al contrato y mete presión para que salga adelante, mientras tanto los trabajadores del astillero de PuertoReal dan un primer aviso con una manifestación el viernes junto al puente Carranza en demanda de carga de trabajo.

Hoy la SEPI tiene que despejar la incógnita y decidir entre la rentabilidad social del proyecto o la económica. No se descarta que Navantia y SEPI hayan firmado la paz ante la proximidad de unas elecciones generales.

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