¿Pueden los ayuntamientos paralizar un desahucio?

Poder no siempre es querer, aunque eso suponga refutar el sabio refranero popular. Porque se puede prometer en campaña electoral que una ciudad sea un lugar libre de desahucios, pero más difícil es cumplir esa promesa una vez se accede al sillón de alcalde. Y sino que se lo digan al recién estrenado Ayuntamiento gaditano de Podemos que el pasado lunes vio como no pudo evitar el desahucio de una familia en la calle Benjumeda, aunque lo intentó con ahínco. Después del duro resultado, la pregunta es obvia. ¿Hasta dónde llega la competencia de un ayuntamiento para evitar un desahucio?

De entrada, la respuesta se antoja sencilla y la resume la abogada y concejala socialista en el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Chiclana, Cándida Verdier: «Un alcalde no tiene potestad para paralizar un desahucio».

De hecho, Verdier da un paso más y reconoce que intentar paralizar un desahucio por orden judicial puede llevar «a caer incluso en una desobediencia de la autoridad, a fin de cuentas, es la orden de un juez». Todo ello, cuando Verdier reconoce haber estado presente en varios deshaucios de Chiclana cuando era concejal en la oposición «para intentar mediar». «En esos casos, se pudo paralizar relativamente, porque lo que se consigue es un aplazamiento benevolente para darle algo de tiempo a la familia para realojarse». Su compañera en el gobierno y concejal de Vivienda, Carmen Jiménez abunda en la misma idea, ya que de hecho, las competencias en esos extremos ya solo están en manos de los jueces y las autoridades que aplican la orden de éstos. 

El voluntario de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Cádiz, Francisco Galván, reconoce que el resultado en Cádiz no ha sido el deseado, aunque sí el esperado: «El alcalde ha obrado con buena voluntad, pero quizás con algo de bisoñez». Aunque Galván reconoce no saber los detalles legales de competencias de unas y otras administraciones no oculta su visión sobre lo que querría que fuera: «Vemos verdaderos dramas y quizás los ayuntamientos deberían tener más poder en estos casos porque son los elegidos por el pueblo». 

De ahí que Galván apele al «compromiso moral» que los consistorios tienen con sus ciudadanos para «dar el primer auxilio en estos casos». Por su parte, la abogada de la PAH Cádiz, experta en multitud de desahucios se muestra clara también en esta idea. Aunque las competencias estén coartadas cuando ya hay mediación judicial, Elena Hernández cree que los Ayuntamiento deben tener puestos en marcha «dispositivos antideshaucios para intermediar con el banco, asesoramiento, prevención y acompañamiento».

Ante todo, prevención

Porque Hernández da justo en la clave que a todos pone de acuerdo. Aunque los Ayuntamientos no tengan la posibilidad de evitar un desahucio judicial (ya sea hipotecario o de alquiler), la organización y canalización de la ayuda desde los consistorios a los ciudadanos sí puede resultar clave para impedir un desenlace mucho más duro. «Sí se puede paralizar pero hay que intervenir a tiempo», reconoce Hernández. «Siempre aconsejo lo mismo, que no se espera al final para pedir ayuda en un Ayuntamiento porque en esos casos ya no podemos hacer tanto», explica Verdier. De hecho, Jiménez incluso pone un ejemplo claro: «Hay un desahucio previsto en Chiclana a finales de mes y la familia ya ha venido a pedirnos ayuda. No podemos hacer nada para evitarlo, pero ya le hemos dado asesoramiento para que se busquen un alquiler y nosotros nos comprometemos a concederles una subvención que le bonifique hasta el 100% del pago del alquiler, una vez analicemos el caso». 

Precisamente, por ahí pasa el camino, por acudir antes a los Ayuntamientos para que éstos actúen en dos caminos. De entrada, negociar con los bancos posibles aplazamientos, ayudas para el pago de atrasos o facilidades en la deuda o un desahucio pactado entre las partes con condonación de la deuda. Posteriormente, la familia pasaría a entrar en la lista de demandantes de un alquiler social. A eso se pueden sumar otras medidas de choque, como la que el nuevo ayuntamiento socialista de Chiclana pretende aplicar: la compra de pisos en manos de los bancos para convertirlas en viviendas municipales de alquiler social. El propio alcalde de la localidad, José María Román, reconoce la emergencia y necesidad de poner en marcha una medida que es similar a la que la Junta ha anunciado (ya que las comunidades autónomas sí tienen más margen de maniobra en estos casos). En cualquier caso, tanto Román como el resto dicen comprender que un ciudadano acuda a pedir respuestas a la puerta de la administración que sienten más a mano y de la que quieren una respuesta. Porque, aunque querer no siempre sea poder, al menos sí debe ser intentar.