Un inmigrante llegado en patera a la costa de Tarifa
Un inmigrante llegado en patera a la costa de Tarifa - L. V.
Informe 2014

Menos inmigrantes en Cádiz, pero con más problemas para regularizarse

La APDH-A y Cruz Roja detectan dificultades en la tramitación de los permisos de residencia y el acceso al mercado laboral

Antonio M. de la Vega
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Un total de 490 inmigrantes han llegado hasta las costas andaluzas en lo que va de año a bordo de 23 pateras y embarcaciones neumáticas. La última de ellas fue localizada en la noche de este lunes a 24 millas a sureste del cabo Sacratif, en la provincia de Granada, con 17 personas a bordo, entre ellas dos mujeres y un bebé.

Esta es una de las vías de entrada a Europa, a España, a Cádiz. Pero no todos se juegan la vida por llegar. Otros vienen en avión o en cualquier otro medio de transporte, de forma ilegal o no.

Lo destacable es que la inmensa mayoría opta por irse. No es buen sitio la provincia con más paro de España para asentarse y construir un futuro mejor.

Aún así, algunos lo intentan, menos que hace cinco años. Quienes mejor los conocen son los colectivos que trabajan con ellos de forma habitual.

En la provincia los mayores referentes son asociaciones como la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH-A), Cruz Roja, Ceaín o Cardijn.

Ayer mismo la APDH-A hizo público su balance de atención a inmigrantes en la Bahía de Cádiz durante el año 2014. En total se atendieron las demandas de 1.438 personas, siendo El Puerto de Santa María la localidad con mayor actividad en este sentido.

Según explicó el abogado Diego Boza, la proporción entre hombres y mujeres se va igualando. Y por otro lado, las personas que acuden a pedir ayuda o asesoramiento a este tipo de centros proviene mayoritariamente del África Subsahariana (especialmente de Senegal) y de Latinoamérica (con presencia mayoritaria de bolivianos). También se atiende a un buen número de procedentes del Magreb. Entre los ciudadanos comunitarios hay que hacer un mención especial al colectivo de los gitanos rumanos.

Con estos datos coinciden los técnicos de Cruz Roja Española, que en Cádiz capital atendieron el año pasado a 519 personas (1.123 en el conjunto de la provincia).

Desde ambas asociaciones explican que el perfil habitual de los que demandan su ayuda es el de personas de entre 18 y 45 años y que necesitan, fundamentalmente, asesoramiento jurídico para cuestiones relacionadas con asuntos laborales, búsqueda de empleo y tramitación de papeles, especialmente los permisos de residencia o la renovación de los mismos.

Desde la APDH se pone el acento precisamente en que la nueva legislación aprobada por el Gobierno central dificulta en gran medida el «arraigo» de los inmigrantes. «Incluso en los casos de personas que llevan años con el permiso de residencia, se están dando situaciones de no renovación de los papeles por estar en paro. Les pasa a ellos o a sus familiares», denuncia Diego Boza.

Un caso especialmente sangrante, dice, se da en Sanlúcar de Barrameda, donde «se está negando el empadronamiento a personas en situación irregular. Hemos tratado el asunto con el Gobierno local, pero nos contestan que la responsabilidad es de una funcionaria concreta, sin que obedezca a ningún tipo de directriz política».

El coordinador de la APDH-A, Rafael Lara, incide en la importancia de que los partidos políticos se impliquen en la mejora de la situación de estas personas, que «deben acceder a los derechos sociales en igualdad de condiciones».

Por eso, y tras denunciar los recortes de la Junta de Andalucía en los presupuestos destinados a la integración, desde la APDH-A pedirán a los partidos que concurren a las elecciones municipales un compromiso firme para solventar los problemas de arraigo y de acceso a los servicios públicos.

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