Caso alumbrado

El juez amplía la investigación a un presunto delito de malversación

El magistrado López Marchena ordena a la Policía Nacional que retome las pesquisas

silvia tubio
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A finales de octubre, el titular del juzgado de Instrucción nº 2 de Cádiz, Miguel Ángel López Marchena, dictaba su último auto hasta la fecha sobre el 'caso alumbrado'; una instrucción que dirige desde julio de 2013 sobre los presuntos amaños del exdirector municipal del alumbrado público en el Ayuntamiento de Cádiz, Germán Molina.

En dicho auto, el magistrado amplía la investigación a un quinto delito que podría haberse cometido: la malversación de caudales públicos, que se suma a los cuatro señalados en la denuncia de un antiguo empleado de una concesionaria.

Este trabajador de Imesapi (adjudicataria de varios contratos municipales) afirmaba en su escrito que las irregularidades en la concesión de contratos públicos dentro del área dirigida por Molina podrían ser constitutivas de delitos de cohecho, fraude en la contratación, prevaricación y falsedad.

Acompañaba su escrito con la transcripción de 20 horas de conversaciones que grabó a Germán Molina y con las que quería demostrar que el exresponsable municipal manipulaba los concursos para que los contratos acabaran en manos de empresas amigas.

Esta última decisión judicial acordada por López Marchena no sólo reafirma la sospecha de que pudo haberse cometido ilegalidades orquestadas por el exjefe del área de tráfico, alumbrado público y limpieza de playas sino que también desestima la petición de los imputados de archivar las actuaciones. En su auto, el magistrado subraya que la "denuncia merece una investigación" debido a los indicios recogidos hasta la fecha.

La Udyco vio indicios de delito

El juez instructor también ordena a la Policía Nacional que amplíe el atestado que elaboró en 2012 y cuyo contenido fue publicado en exclusiva por LA VOZ el pasado mes de febrero.

La Udyco realizó indagaciones basándose en el testimonio del denunciante a petición de la Fiscalía de Cádiz. Los investigadores policiales concluyeron que había indicios de delito.

La Policía centró sus pesquisas en el proceso de adjudicación del servicio de alumbrado público que recayó en 2009 en la UTE Monelec-Electromur, perteneciente al grupo ACS que preside Florentino Pérez. Los agentes concluyeron que se debía investigar si se alteró de manera intencionada el sistema de baremación para beneficiar a la empresa que resultó ganadora del concurso.

Cuatro fueron las empresas que respondieron a la convocatoria, que se resolvió mediante una fórmula distinta a la que se venía aplicando para designar a las concesionarias de contratos públicos en el Ayuntamiento de Cádiz.

Este cambio en el sistema de puntuación, que no priorizaba en la propuesta económica más ventajosa para las arcas públicas del Ayuntamiento, propició las quejas de la oposición, que acusó al Gobierno local de falta de transparencia en ese proceso.

IU recurrió la concesión a la UTE Monelec-Electromur pero la Junta de Gobierno Local, apoyándose en un informe elaborado por el propio Germán Molina, desestimó el recurso.

El Ayuntamiento pudo pagar un sobrecoste injustificado

La investigación sobre un posible delito de malversación que apunta López Marchena en su escrito está relacionado con este proceso. El juez instructor quiere indagar si el Ayuntamiento de Cádiz pagó un precio más caro por unos contratos públicos, que de no haberse alterado el sistema habitual de baremación podría haber obtenido por un precio más ventajoso.

Este asunto, destapado por LA VOZ el pasado mes de febrero, ha tenido un lento desarrollo. El 25 de julio del año pasado se incoaban las diligencias en el juzgado de Instrucción nº 2 a petición de la Fiscalía tras recibir la denuncia del empleado.

El denunciante pasó a ser imputado ya que las conversaciones que grabó le comprometían también al no enfrentarse a las órdenes dictadas por Germán Molina.

Al convertirse en sospechoso, su defensa se sumó a la petición de archivo, que finalmente no ha prosperado.

Por su parte, Germán Molina, que fue jubilado al tiempo que arrancaba la investigación judicial, sostiene que la denuncia tiene su origen en la venganza personal del que fuera subordinado suyo porque no quiso recolocarlo.

El Ayuntamiento de Cádiz, que calificó el caso en un primer momento como "asunto personal", marcó distancias con un funcionario que estuvo trabajando durante años en el Consistorio.

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