Cursos de formación

Ojeda se opone a que le investigue Alaya

Recurre el auto de inhibición del juez de Cádiz que traspasó la 'operación Óscar' a la magistrada de Sevilla

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El exconsejero andaluz de Hacienda, Ángel Ojeda, ha presentado un recurso para evitar que la jueza de Sevilla, Mercedes Alaya, asuma la instrucción de la pieza sobre cursos de formación que se inició en Cádiz y que acabó con la detención del antiguo responsable del Gobierno andaluz el pasado mes de agosto.

El contenido del recurso, adelantado por la agencia Efe, recoge que la inhibición acordada por el juez de Instrucción de Cádiz, Miguel Ángel López Marchena, es «contraria a derecho y lesiva» para los intereses del exconsejero. Esta decisión de recurrir el traspaso de competencias para investigar a Ojeda y su presunto enriquecimiento a través de subvenciones otorgadas por la Junta, ya se preveía desde el lunes de la semana pasada, cuando el juez del no 2 de Cádiz dictó el auto. Fuentes judiciales consultadas por LA VOZ ya adelantaban que esta estrategia procesal es habitual no sólo para dilatar en el tiempo los procedimientos, sino también para obstaculizar la instrucción que ya ha iniciado Mercedes Alaya y que se antoja que puede alcanzar las dimensiones --en número de folios del sumario e imputados-, del caso de los ERES.

La defensa de Ojeda argumenta en su recurso que no está claro que Alaya comenzara las investigaciones sobre los cursos antes que el juzgado de Cádiz y que tampoco ha quedado acreditado que ambos juzgados indaguen sobre las mismas subvenciones: «salvo que aceptemos la intolerable premisa de que una persona o un grupo de empresas pueda ser investigada indiscriminada, ampliamente, sine die, de manera prospectiva e indagatoria hasta encontrar pruebas de delito en todas y cada una de las distintas y variadas subvenciones que haya legítimamente recibido».

La investigación de Cádiz se asienta sobre un informe de la UDEF, que parte de la denuncia de un formador que había sido contratado por una de las empresas vinculadas al exconsejero para dar cursos en Chiclana. Este testigo aseguró a la Policía Nacional que al iniciarse las acciones formativas comprobó que éstas no contaban con profesores o que no había alumnos.

El exconsejero fue detenido por la comisión de los presuntos delitos de fraude de subvenciones, falsedad y apropiación. Desde un primer momento, la Fiscalía de Cádiz se posicionó a favor de la inhibición en el juzgado de Alaya. El Ministerio Público recabó toda la información que se estaba compilando en las diligencias abiertas por la magistrada sevillana y defendió que ya en Sevilla se estaban investigando los mismos delitos y las mismas empresas.

Un mes antes de producirse el arresto de Ojeda, Alaya dictaba un auto en el que señalaba varias empresas de Ojeda que habrían sido receptoras de subvenciones por cauces presuntamente irregulares, entre ellas Humanitas; el germen de la 'operación Óscar'.

El recurso de Ojeda niega que existan conexiones entre ambas diligencias. Sobre el auto de Mercedes Alaya, asegura la defensa del exconsejero que «se limita» a definir que investiga presuntas irregularidades en subvenciones excepcionales a AEA, Humanitas, Innova, Inteca y Natura desde la perspectiva del órgano que concede la subvención, la Consejería de Empleo.

Sin embargo, en el atestado policial de la ‘operación Óscar’ asegura la defensa que «viene conformado por presuntos delitos cometidos no por el órgano concedente, sino por el beneficiario de determinadas subvenciones en materia de formación».

Señalando a Empleo

También menciona que los cursos bajo sospecha que dieron lugar a la investigación de la UDEF se impartieron en Cádiz y que ha sido la delegación gaditana de Empleo la que ha tramitado y concedido las subvenciones y la que ha controlado, fiscalizado y seguido la gestión de los fondos de formación.

En el recurso se agrega que Alaya no ha acreditado que lo investigado en Cádiz y en Sevilla se trate de delitos conexos, que su investigación sea anterior en el tiempo y que se justifique que los delitos cometidos por la Consejería de Empleo revistan mayor gravedad que los investigados al beneficiario (en este caso, Humanitas).

Esquivar a la jueza

Este recuso no es el único que trata de frenar que Mercedes Alaya asuma la competencia sobre asuntos relacionados con el fraude de la formación, que nacieron de forma independiente fuera de su ámbito de actuación.

En Algeciras, desde 2012, se investiga a otra de las empresas del exconsejero. Natura fue denunciada por una formadora. Su acusación tiene que ver con la fórmula de retribución propuesta a los trabajadores: cobrar mediante facturas falsas. Este asunto está pendiente de que se resuelvan los recursos planteados por la empresa contra la decisión de la jueza algecireña de inhibirse en Alaya.

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