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El Supremo entierra el proyecto urbanístico de Montealegre Alto en Jerez

No anula la sentencia que en primavera dictó a favor de 13 propietarios de esta zona de Jerez

JEREZ Actualizado: Guardar
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El último cartucho tampoco ha servido. El Tribunal Supremo (TS) se ha reafirmado en la sentencia que dictó la pasada primavera a favor de 13 vecinos de la zona de Montealegre Alto (Jerez), que en 2008 iniciaron una batalla legal contra el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) que contemplaba la construcción de 1.331 viviendas de lujo en unos terrenos de 166 hectáreas donde los afectados tienen sus casas.

Los propietarios que impulsaron este proceso legal advirtieron que el desarrollo urbano que se había diseñado para la zona de La Cartuja no había previsto, entre otros defectos, cuáles iban a ser las necesidades hídricas en un entorno, que de cumplirse los deseos de los promotores, iba a tener un fuerte incremento en la demanda de agua al aumentar la población residente. Un problema de suministro básico al que se han enfrentado otros grandes proyectos urbanísticos nacidos durante la burbuja inmobiliaria en España.

Hay que recordar queMontealegre Alto fue concebido por los últimos gobiernos locales de Jerez como una suerte de ciudad jardín, con un perfil de viviendas de alto 'standing'. El Ayuntamiento autorizó la nueva concepción urbanística de La Cartuja en el año 2008, cuando gobernaba el PSOE. En junio, la Junta de Compensación, que constituye el órgano de representación de los propietarios de Montealegre Alto, junto al Ayuntamiento de Jerez, plantearon un incidente de nulidad contra la sentencia dictada en abril por la sala de lo Contencioso Administrativo del TS y que daba la razón a los 13 dueños que se habían desmarcado de la Junta. La Administración local, ahora en manos del PP, trataba de revocar el fallo que le obliga a reiniciar el proceso de desarrollo urbanístico en ese espacio privilegiado.

Los vecinos que se opusieron, representados por Themis Abogados, aseguraron que de haber continuado hacia delante el proyecto aprobado por el Consistorio habrían tenido que pagar importantes costes para adecuar los terrenos al nuevo diseño urbanístico. Los 13 propietarios son residentes de la zona que denunciaban cómo el PERI había obtenido el beneplácito de otros dueños que sólo habían adquirido terrenos en Montealegre con el fin de especular.

El argumento principal que esgrimió el Ayuntamiento para tratar de que el TS rectificara su propia decisión es que la necesidad de acreditar la suficiencia de recursos hídricos mediante informe de la administración competente no le atañe al PERI de Montealegre porque éste se aprobó con anterioridad.

El TS responde que esa argumentación no fue desplegada durante el largo proceso judicial y que no puede introducirse como un nuevo argumento ahora en un recurso donde sólo se analizan si se infringieron vicios en el procedimiento como la posible arbitrariedad de la sentencia dictada.

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