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Antonio Fernández, primer exconsejero andaluz imputado por el fraude de los cursos

Alaya imputa al exconsejero porque las ayudas salían de su consejería

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Antonio Fernández García, el primer exconsejero de la Junta de Andalucía encarcelado por un escándalo de corrupción, el de los ERE fraudulentos, es también pionero en el proceso abierto por el descontrol de las subvenciones para la formación de desempleados. Según publicó el pasado sábado ABC, la juez instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, lo ha imputado en las diligencias previas por las que investiga una supuesta malversación de fondos públicos que la Administración regional repartió entre sindicatos, patronal y empresas públicas y privadas para realizar cursos de la formación profesional, según ha podido conocer ABC de fuentes solventes.

Este procedimiento es paralelo a las investigaciones que realizan ocho juz-gados de instrucción, uno por cada provincia andaluza, para conocer el alcance de una supuesta estafa cometida por empresas creadas «ex profeso» para «cazar» subvenciones que deberían haber dedicado a contratar a alumnos. La imputación de Fernández, que dirigió la antigua Consejería de Empleo entre 2004 y 2010 (a caballo entre los mandatos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán), se enmarca dentro de otra investigación que lleva a cabo la titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla y la Guardia Civil. Mercedes Alaya trata de desentrañar la posible responsabilidad penal de cargos del Gobierno andaluz en la adjudi-cación, seguimiento y fiscalización de los fondos destinados a acciones for-mativas. La juez apunta en un nuevo auto a la cúpula de este departamento al imputar a su máximo responsable en la causa.

En un amplio informe remitido a la juez en septiembre de 2013, el Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil recoge las declaraciones en agosto de 2013 de un testigo clave para co-nocer la posible implicación de los responsables de la Consejería de Empleo en los hechos. Se trata de Teodoro Montes Pérez, responsable del Departamento de Gestión de Formación Profesio-nal Ocupacional de la Junta, quien denunció que las ayudas «se adjudicaran de manera arbitraria a determinados agentes sociales, fundaciones y empresas relacionadas políticamente, e incluso familiarmente, con altos cargos del PSOE-A, así como de la propia Junta». Su declaración figura en el sumario de las facturas falsas de UGT, un caso que inicialmente recayó en Alaya y después se derivó al juez de instrucción 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez.