sucesos

Detenidas 62 personas y 133 imputadas por estafa y fraude a la Seguridad Social

La operación 'Repícaro' tiene su origen en otras dos operaciones anteriores por las mismas prácticas delictivas 'Relisto' y 'Picones'

Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

La Inspección de Trabajo la Tesorería de la Seguridad Social y la Guardia Civil han destapado una monumental estafa laboral con origen en la provincia de Cádiz y que se ha saldado de momento con 62 detenidos y 133 imputados. El fraude tiene su origen en la creación de cuatro empresas ficticias que durante los últimos dos años han contratado a 78 falsos trabajadores que pagaban a los cabecillas de la red por un falso contrato de trabajo. La operación bautizada con el nombre de 'Repícaro' es una segunda parte de otras dos operaciones desarrolladas en Cádiz entre los años 2010 y 2012 que tuvieron como modus operandi la creación de empresas fantasma y la contratación también de falsos empleados, Ambas operaciones fueron bautizadas en su momento como 'Relisto' y 'Picones'.

La acción de estas empresas se ha desarrollado en Jerez y Sanlúcar y el volumen de lo defraudado a la Seguridad Social supera los 584.000 euros. El subdelegado del Gobierno Javier de Torre ha dado las explicaciones de esta importante operación que se ha llevado casi dos años de investigación por parte de una veintena de agentes de la Guardia Civil y de los serviviós de la Tesorería y de la Inspección de Trabajo. Las cuatro empresas localizadas se dedicaban dos de ellas al sector de la limpieza, otra a la construcción y una cuarta al sector del taxi. Las ramificaciones de esta red también han afectado a Madrid, Sevilla, Jaén y Las Palmas.

De Torre ha destacado que se trata de una investigación muy compleja ya que las empresas en cuestión no tienen un lugar físico de residencia y la actividad a la que se dedicaban era itinerante y temporal. Esta situación ha obligado a los agentes de la Guardia Civil a realizar un seguimiento pormenorizado de cada uno de los supuestos contratos de trabajo suscritos para poder comprobar que ninguno de ellos estaba vigente. Los falsos trabajadores cuyo perfil es variado han llegado a pagar hasta 400 euros por un documento falso que en teoría les garantizaba la posibilidad de completar el tiempo necesario para percibir la prestación por desempleo.