entrevista

«Todos estamos obligados a proteger a los menores, incluso de sus propios padres»

El juez de menores Emilio Calatayud afirma que "existen padres que, por sus creencias, no vacunan a sus hijos porque piensan que lo están protegiendo. pero ponen en riesgo a los del vecino"

Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

El juez de menores Emilio Calatayud afirma que "existen padres que, por sus creencias, no vacunan a sus hijos porque piensan que lo están protegiendo. pero ponen en riesgo a los del vecino"

–Hay familias que prefieren mantenerse al margen del sistema educativo y no llevan a sus hijos al colegio. No es desgana o negligencia. Son perfectamente conscientes de lo que hacen e incluso pleitean para conseguirlo. ¿A usted qué le parece? ¿Es posible educar sin escuela?

–Sé que existe este tipo de casos, pero yo, ni personal ni profesionalmente, he conocido ninguno. Los que nosotros juzgamos en los años 90 eran por desidia o porque los padres dejaban a los niños al mando de los más pequeños para irse ellos a trabajar a los mercadillos o la chatarra. Y a más de un matrimonio le cayó una pena de cárcel. Pero esto otro de no llevar a los hijos al colegio, digamos, por ideología no me ha tocado. Pero es una postura que no comparto en absoluto. Vivimos en sociedad y una de las instituciones básicas de defensa de la sociedad es la familia. De hecho, existen una serie de normas que tienden a velar por la familia y, especialmente, por los menores. Todo estamos obligados a proteger a los menores: todos.

–Incluso de sus propios padres….

–Efectivamente, porque puede haber intereses contrapuestos entre padres e hijos. Y dos elementos básicos de protección de los menores son la educación y la sanidad. El colegio no es solo un sitio al que se va a adquirir una serie de conocimientos y punto…

–Si solo fuera eso, ¿sí podría valer lo de educar en casa?

–Claro, pero es que el colegio es bastante más que tomar una lección. Lo que persigue el sistema educativo es la socialización de los individuos. Tenemos una serie de derechos y de deberes. Y uno de los más importantes deberes es el de vivir en sociedad: es una de las mayores aportaciones que podemos hacer a la propia sociedad. Está muy bien decir que uno es libre y que hace lo que quiere, pero la verdad es que esa persona también se está aprovechando de la sociedad y, por tanto, debe trabajar para ella. Lo que sucede es que hay sentencias que dicen que esta conducta puede ser un delito –faltar a los deberes inherentes a la patria potestad– y otras que solo sería un ilícito administrativo. Y eso convendría aclararlo. Luego, en el ámbito sanitario, también ocurre a veces algo parecido: aparecen familias que, por sus creencias personales, deciden, por ejemplo, no vacunar a sus hijos. Dicen que así protegen a sus chavales, pero a la vez están desprotegiendo a los hijos de sus vecinos. Además, claro está, de poner en peligro a sus propios niños. Por eso, a veces, el Estado tiene que ir contra unos padres para que no lesionen los derechos de sus propios hijos o de terceros.

–Como juez, ¿ha tenido que obligar alguna vez a una familia a vacunar a su hijo?

–No, nunca se me ha dado ese caso. Algo parecido, sí. Hace tiempo, siendo yo juez de Instrucción, se me dio el caso de una familia que, por sus creencias religiosas, no admitía las transfusiones de sangre. La madre iba a dar a luz y podía necesitar sangre, pero ellos se negaban rotundamente. Entonces les dije: ‘La solución es muy sencilla: ustedes están dentro del sistema sanitario español y yo tengo que autorizar al médico a que adopte todas las medidas que estén a su alcance para salvar una vida; y si entre esas medidas está la transfusión de sangre, pues habrá que hacerla’. Yo no ordené nada al médico, me limité a autorizarle a que llevara a cabo esa intervención. Y, pese a esas razones, aquella familia seguía sin querer la transfusión. Pero es que no había ninguna otra medida alternativa, que es algo que siempre hay que constatar. Si se pueden conciliar los derechos de unos y otros, pues mejor que mejor. Pero en aquel caso, ya digo, no había otro tratamiento posible que la transfusión. Así que la única salida que me quedaba era recomendar a la embarazada que pidiera el alta voluntaria y se fuera a dar a luz debajo de un puente.

–¿Eso les dijo?

– Pues sí. ¿Qué otra cosa podría hacer? Nadie les había obligado a ir al hospital, pero una vez que ya estaban allí debían atenerse a las normas y conformarse con los medios que les ofrecían. Insisto, yo no di ninguna orden, pero tenía la obligación de informarles de que no tenía más remedio que autorizar todas las medidas que fueran necesarias para salvar la vida de la madre y de su hijo.

–¿Y qué hicieron?

–Se quedaron en el hospital.

–Menos mal.