Ha pasado ya una semana de la polémica actuación policial del pasado jueves 12 de enero en la Facultad de Filosofía y Letras, en el que resultaron heridos tres policías, una chica, y un joven fue detenido por atentado a la autoridad. El incidente ha recibido en estos días críticas de los propios activistas, de diversos intelectuales y artistas, y de parte del personal de la Universidad, entre ellos, el decano de Filosofía, Manuel García, que se manifestó «indignado» por el hecho de que la Policía entrara en el recinto universitario y se preguntó quién había dado la orden. Ante la ausencia de una respuesta "oficial" por parte de la Subdelegación del Gobierno, que ha estado enfrascada esta misma semana en el cambio de "cartera" entre el subdelegado saliente y el entrante, ayer el Sindicato Unificado de Policía (SUP) quiso salir al paso de estas críticas para defender el trabajo de los agentes, y lamentar lo que interpreta un «linchamiento» al cuerpo y los trabajadores.
En rueda de prensa, Francisco Camacho, secretario provincial del sindicato en Cádiz, leyó un «informe» que pormenorizaba la versión de los hechos recogida en los atestados. Según este informe, los antidisturbios accedieron a la facultad para reprimir una supuesta «agresión» de algunos miembros de Valcárcel Recuperado al jefe de Seguridad Ciudadana de la Policía, que coordinaba el dispositivo de escolta del juez Fernando Grande-Marlaska. Según Camacho, este responsable policial estaba en el interior de la facultad con el consentimiento del decano, que lo recibió.
El incidente se produjo después de que los activistas interrumpieran la conferencia Diálogos de la Libertad, en el que participaba el juez, para protestar por su desalojo del colegio Valcárcel. La Policía dispuso dos equipos de antidisturbios (UPR) en la puerta de la facultad, al tener noticia de que el grupo iba a «reventar el acto», afirmó Camacho.
«Miembros de grupos ultra»
Según el informe, se detectó entre ellos a «integrantes de grupos ultra: Brigadas Amarillas, Izquierda Anticapitalista y Anarquistas, desconociendo las intenciones de estos grupos» y por eso se reforzó la escolta. Camacho insistió, por tanto, que la presencia no tenía como objetivo evitarla el acto reivindicativo, como denunciaron los manifestantes. «Solo nos defendimos», afirmó.
Tras leer un manifiesto en el Aula Magna, algunos de los activistas que salieron a los pasillos y, según el SUP, «se dirigieron al jefe de Seguridad Ciudadana» «de forma agresiva, con gritos e insultos». El funcionario «intentó calmar la situación, si bien uno de ellos se dirigió a él en tono amenazante, siendo cada vez mayor el grupo que lo rodeaban», relata el informe. El jefe de policía pidió la documentación a quien supuestamente le increpaba y le «solicitó» que se retirara a una esquina. También se pidió la documentación a otro individuo, pero este supuestamente «agredió al funcionario». El informe dice que le «lanzó las manos», pero no especifica si le empujó o le llegó a pegar. Camacho sí aclaró ayer que el agente fue golpeado y recibió patadas, al igual que a uno de los escoltas de Grande-Marlaska. Al verse amenazados, el jefe de policía reclamó por radio la intervención de los agentes antidisturbios (unos 10 policías), que redujeron a un joven (alumno de la facultad) y lo detuvieron. Camacho negó que los policías pegaran a alguien -«no hubo un gomazo más alto que otro»- y llegó a dudar de que la joven que resultó herida sangrante fuera golpeada por un policía. «Pudo ser accidental y nosotros la ayudamos», sugirió el sindicalista, que consideró la actuación «fue correcta y proporcionada».
