San Fernando

SOLCOM mantiene el apoyo a las acciones por la escolarización de un niño en San Fernando

Ha enviado cartas denunciando la situación a la Fiscalía de menores, a la Junta, al Delegado de Educación de Cádiz y al Colegio concertado

San Fernando Actualizado: Guardar
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La asociación SOLCOM, una entidad creada para la defensa de los derechos humanos de las personas discriminadas por su diversidad funcional (discapacidad), mantiene su apoyo a la lucha de José Félix del Río, un isleño que se encuentra metido en tribunales para luchar contra la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

José Felix tiene un hijo autista de seis años y quería que repitiera curso ante la posibilidad voluntaria con la que cuentan los padres de niños con diversidad funcional, ya que el salto a primaria significaba que su hijo tenía que marcharse a un aula especial de otro colegio.

Se enteró del traslado del niño en la calle y una vez que no le dejaron echar la matrícula. Ante las negativas que encontraba, se fue al juzgado. Mientras se solucionaba el asunto, el niño permaneció en el hogar, hasta que el juez dictó un auto por el que el niño debía ser obligado a acudir a un centro de educación segragada. SOLCOM denuncia la situación ilegal y la violación de derechos humanos que supone este tipo de prácticas. En su informe 2010 "Derechos Humanos en España. Violaciones en España de la Convención sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad (diversidad funcional) de la ONU", se recogen más de 50 casos de este tipo. SOLCOM hace hincapié en que en España está vigente la mencionada Convención desde hace más de dos años y que ésta supone un cambio radical en la visión y políticas relacionadas con la diversidad funcional (discapacidad). Los niños con autismo ya no deben ser considerados y tratados como enfermos, sino como ciudadanos discriminados por su diferencia. Un cambio de visión que ya ha ocurrido con otros colectivos, como el de gays, lesbianas y transexuales.

SOLCOM ha enviado cartas denunciando la situación a la Fiscalía de menores, a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, al Delegado de Educación de Cádiz y al Colegio concertado. Las peticiones no han dado lugar a cambio ni respuesta.