Jerez

Jerez aún no tiene memoria histórica

Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

Las dos Españas, ésas de las que habló Machado, siguen sin reconciliarse del todo. Ni siquiera la tan conocida como polémica Ley de la Memoria Histórica, de la que hace apenas unos días se celebró el segundo año de su entrada en vigor, ha sido la herramienta que muchos esperaban para dejar atrás el pasado y «para ampliar los derechos de los que padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, para promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar y para adoptar medidas que supriman aquellos elementos que creen división entre los ciudadanos».

Dos años después de la aprobación de esta norma por las Cortes Generales, en la ciudad de Jerez la memoria histórica es un tema olvidado, en el dique seco, sobre todo porque los iniciales intentos del gobierno local por crear un grupo de trabajo en el que todas las sensibilidades estuvieran representadas aún no ha dado frutos concretos, aunque sí sirvió para avivar la polémica en la calle, entre unos ciudadanos que no siempre se mostraron a favor de cambiar la nomenclatura de algunas calles que recordaban a políticos o militares del régimen franquista. Lo cierto es que en Jerez todo sigue igual que a final de 2007 pese a que el artículo 15 de la mencionada Ley de Memoria Histórica dice textualmente que «las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas». La misma normativa incluye excepciones en los casos en los que «las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley», lo que protege al patrimonio de las iglesias.

Así, en la ciudad, y pese al mandato de esta ley, los ciudadanos pueden seguir contemplando el gigantesco escudo preconstitucional con el emblema franquista de «Una, grande y libre» que preside la entrada al colegio Isabel la Católica; o los escudos, yugos y flechas de la fachada de la Escuela de Arte y Oficios; sin olvidar los nombres de calles, barriadas, colegios y hasta pedanías y poblaciones rurales que recuerdan a políticos y militares del régimen. Por poner sólo un ejemplo, ahí está Majarromaque, que sigue siendo conocida -y así lo atestiguan los paneles informativos a su entrada- como barriada José Antonio (en recuerdo al fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera).

En el caso de los nombres de las calles, los ejemplos son numerosos, como destaca el presidente de la Asociación de la Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (AMHyJA) de la provincia, Sebastián Cauqui, que recuerda que en la comisión que se creó en Jerez para trabajar en la supresión de los símbolos, escudos, insignias y nombres relacionados con la Guerra Civil y la Dictadura ya se había cerrado un listado consensuado que se elevó al gobierno municipal para que comenzara a actuar y a cambiar el nombre de esas vías.

Y es que en la ciudad aún se puede caminar por calles con rótulos como los de Comandante Paz Varela, Tomás García Figueras o Alcalde Álvaro Domecq, una arteria principal de la ciudad en la que además, para descontento de las asociaciones que velan por la restauración de la memoria histórica, se instaló hace ya más de dos años -pocos meses antes de la aprobación de la norma- una estatua en homenaje a este político de la dictadura, que también fue un famoso rejoneador.

Desde algunos de los colectivos que integran la comisión municipal, que estaba presidida por el concejal Francisco Benavent y que no se reúne desde hace medio año aproximadamente, esperan con prudencia que se den nuevos pasos. Así lo manifiesta el presidente de la AMHyJA, que insiste en que «los cambios de nombres de las calles ya podían haberse iniciado, porque el grupo de partidos y colectivos hizo su trabajo de elevar la propuesta. Ahora es tarea del ejecutivo local, que no sabemos por qué ha provocado este parón y sigue sin ejecutar la orden».

Sin duda, lo que no se debe olvidar en este punto es que el catálogo de calles que se había confeccionado sumaba más de una docena de nombres de vías en las que los cambios, según informan algunas de las asociaciones integrantes de la comisión, afectarían a unos 60.000 vecinos de Jerez que deberían modificar sus direcciones.

Esta particularidad puede ser uno de los motivos del retraso en la aplicación de la ley, lo que se suma a la polémica que ya hubo en su momento por el enfado de los familiares de algunos de los personajes incluidos en la lista, como es el caso del comandante Paz Varela y del Duque de Abrantes. A ese respecto, Francisco Benavent ya dejó claro entonces que se debía trabajar con pies de plomo, con documentos contrastados y en estos casos concretos incluso llegó a pedir disculpas a los descendientes por haber tildado a sus antepasados de franquistas.

Y más complicada si cabe puede ser la retirada de los símbolos o escudos de más envergadura. En ese sentido, Cauqui se mostró poco partidario de las prisas y dijo que «es lógico que en cuestiones como ésta no haya precipitaciones, porque hay determinados casos en los que se debe estudiar si un patrimonio debe permanecer o si está afectado o no por la ley».

Ése es el caso de la polémica estatua de Miguel Primo de Rivera de la plaza del Arenal, que fue construida por Mariano Benlliure en 1922 y que, pese a lo que defienden algunos colectivos, con la actual norma en la mano no debe retirarse, ya que se trata de un monumento anterior al periodo al que hace referencia el texto.

También se debe tener en cuenta que, y así lo reconoce la propia AMHyJA, en el caso de algunos nombres relacionados con el régimen «no habría problemas en que permanecieran si lo que se ensalzan fueran las virtudes artísticas o profesionales del personaje, y no su adhesión política o militar al régimen». Como ejemplos, la posibilidad de añadir el término 'escritor' cuando se habla del colegio José María Pemán, o 'científico' Manuel Lora-Tamayo, cuando se refieran al que también fue ministro con Franco, o eliminar el 'alcalde' de la avenida Álvaro Domecq y cambiarlo por un 'rejoneador'. Y es que reconocen que la Ley de Memoria Histórica es compleja y está cargada de matices.

En definitiva, el debate sigue abierto dos años después y los símbolos y nombres permanecen intocables, mientras la cuestión de la memoria histórica se ha avivado en la ciudad estos días por el anuncio de la Junta de la excavación de la fosa común de El Marrufo y por el ejemplo cercano de la localidad de Cádiz, que el pasado viernes retiró el águila franquista del escudo del Instituto Hidrográfico.