Pesos pesados del PSOE y del Gobierno salieron ayer en defensa del secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, después de que un juez le imputara dos delitos, uno de prevaricación y otro de malversación de fondos públicos, por conceder ayudas desde su puesto en el Gobierno a una fundación de la que fue patrono.
El portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, valoró la «honestidad personal incuestionable» de López Garrido y aseguró que no tiene ninguna duda de que su gestión al frente de la Secretaría de Estado se ajustó a la «legalidad».
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, también restó relevancia a la imputación y calificó la decisión del juez de «mera» apertura de una querella que está en una fase inicial. «Deseamos que se clarifique lo antes posible», dijo.
Unas palabras parecidas a las que formuló en Algeciras el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que declaró que espera que la acusación «acabe en nada» y mostró «plena» confianza en su compañero.
En el PSOE defienden que López Garrido asignó dos subvenciones de 78.000 euros a la Fundación Alternativas, una asociación afín al partido, cuando ya no era patrono ni tenía ninguna relación con la entidad.
