CRONOLOGÍA | El conflicto de La Casería
Los tres gigantes de ladrillo que bordean la costa de La Casería han recibido un nuevo golpe. A la revisión de la concesión de las licencias de obras, cuyo fallo podría determinar el derribo de los edificios, se le suma la primera sentencia a favor de los afectados que han reclamado la devolución de su dinero, debido al retraso en la entrega de las viviendas.
De esta manera, el fallo condena a la promotora, Arenal 2000, y a la empresa aseguradora a pagar la suma de 40.500 euros en concepto de devolución de las cantidades entregadas por los demandantes. Además deberán indemnizar a los mismos con otros 4.500 euros por los perjuicios generados en el retraso de los pisos. Una sentencia que ya ha sido recurrida por la empresa inmobiliaria.
Este precedente ha animado al resto de afectados que se encuentran actualmente en litigio y a aquellos que dudan en escriturar ante el proceso legal abierto y por el que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Cádiz declaró nula la desestimación de la revisión de las licencias por parte del Consistorio, si bien desde el Ayuntamiento ya se advirtió que a lo que la sentencia alude es a un defecto de forma que no significa que haya ningún problema en las concesiones otorgadas.
Todo ello cuando las viviendas ya cuentan con licencia de primera ocupación, un año y medio después de la fecha estipulada en el contrato y que fijaba marzo de 2008 como plazo de entrega. Según consta en el auto judicial la principal causa del retraso en las viviendas se debió a la demora en las obras de urbanización del sector I de La Casería que se debió a la negativa municipal a la hora de aprobar el proyecto al imponer la instalación de recogida neumática de las aguas, así como los problemas que surgieron precisamente en la red de abastecimiento de agua, según uno de los testigos de la promotora, ante la exigencia del Ayuntamiento de llevar la red por un sitio distinto al previsto inicialmente en el proyecto.
En el caso de La Casería existe una Junta de Compensación formada por la propia Arenal 2000, con un 40%, Sogescar, integrada por la Empresa Municipal de Suelo (Esisa) y una entidad bancaria, y otra promotora. Esta Junta es la que tiene como fin la redacción de los proyectos urbanísticos y la ejecución de las obras, por lo que la Justicia estima que el retraso concurrente en el caso de autos es directamente imputable a la promotora demandada, al tratarse de razones técnicas que no son ajenas a la empresa.
El tiempo y la Justicia decidirán si las torres continúan en pie o finalmente se convierten en un referente del lugar y de la propia ciudad.
