Ana Torroja no quiso declarar

La cantante Ana Torroja se negó ayer en Palma a declarar ante el juez instructor de la llamada Operación Relámpago, por su presunto delito de fraude fiscal de 655.000 euros, hasta que se resuelva el recurso que ha presentado contra la causa judicial en la que está imputada. El magistrado del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, Antoni Garcías, había citado a Ana Torroja para que declarase acerca de las liquidaciones con Hacienda de la empresa propiedad de la cantante, Carlito's way. En la Operación Relámpago se investiga desde abril de 2007 varios delitos de blanqueo de capitales, estafa y fraude fiscal.

Torroja ya había solicitado anteriormente por medio de su abogado la nulidad de las actuaciones judiciales, entre ellas varias intervenciones telefónicas, si bien el magistrado Garcías dictó el pasado martes un auto por el que desestimaba la petición de la defensa de la artista y la citaba para hoy en el Juzgado. El auto explicaba que lo que condujo al Ministerio Fiscal a realizar las intervenciones telefónicas eran unas diligencias previas practicadas por la Agencia Tributaria, que fueron la base para interponer la querella contra Torroja por fraude fiscal. Aunque la declaración ante el juez estaba prevista para las 10.30 horas de esta mañana, la cantante y su abogado se presentaron en los Juzgados una hora antes. A pesar del requerimiento de los periodistas, la cantante no realizó declaraciones ni a la entrada ni a la salida de los Juzgados, donde se citaron un elevado número de representantes de medios de comunicación. La vocalista del extinto grupo Mecano, con gafas de sol en todo momento, se marchó en un taxi con su abogado, Ildefonso González-Grano de Oro. La operación Relámpago comenzó en Palma el 27 abril del año 2007 con el objetivo de esclarecer varios supuestos delitos como estafa, fraude fiscal, dobles ventas y blanqueo de dinero.

Ese día fueron detenidas en la capital balear ocho personas en una amplia operación dirigida por la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción. En esa operación los agentes policiales registraron un importante despacho de abogados, dos notarías, una entidad bancaria y varios inmuebles.