La burbuja que estalló como estafa

Se cumple una semana desde que el propietario de la inmobiliaria Red Casa, Luis Manuel García, y su compañera Ana Suárez entraran en prisión preventiva imputados como presuntos autores de una estafa millonaria destapada por la Policía Nacional dentro de la llamada Operación Burbuja Inmobiliaria.

Los dos gaditanos, de 33 y 34 años respectivamente, fueron enviados a la cárcel poco después de ser detenidos, ante el riesgo de que pudieran huir de la Justicia con el dinero defraudado. Ella permanece en el módulo de mujeres de la nueva cárcel de Puerto III. Mientras que Luis Manuel García ha pasado toda la semana en el módulo C de primeros internos de la cárcel de Puerto II. Él sólo ha sido excarcelado en una ocasión (el pasado jueves) para que estuviera presente en el segundo registro policial de su casa, en la calle Granja de San Ildefonso de Cádiz.

Según fuentes de ambas prisiones, el comportamiento de ambos en la cárcel está siendo tranquilo y correcto, a pesar del carácter altanero y muchas veces desafiante que achacan a Luis Manuel tanto los clientes estafados como algunos conocidos.

La prisión preventiva se prolongará, al menos, hasta finales del próximo mes de mayo, aunque los detenidos pueden permutarla por una fianza de 70.000 euros cada uno. Un dinero que las familias de ambos han comenzado ya a recopilar.

Los cargos que se les imputa a ambos son un delito de estafa continuada y otro de falsedad documental, encausados en el juzgado de Instrucción Número 2 de Cádiz. En el proceso se han personado ya al menos tres afectados, aunque el número de acusaciones se incrementará en los próximos días.

Cabe recordar que, según la Policía Nacional, el total de clientes estafados asciende a 21 compradores, más un número indeterminado de personas que no llegaron a pagar a Red Casa pero firmaron con la agencia, y serían víctimas del delito «en grado de tentativa».

Excusas para no pagar

La supuesta estafa se cometió cuando la pareja comenzó a ofertar cinco pisos de su propiedad a diferentes clientes. Algunos pisos fueron vendidos hasta cuatro veces en un año. Y además, el precio de venta era un cebo irreal: hasta tres veces inferior al valor de las hipotecas.

Como suele ser habitual, los compradores adelantaban el pago de 7.000 y hasta 12.000 euros en concepto de entrada al formalizar el contrato de arras. Sin embargo, la firma de las escrituras siempre se atrasaban con cualquier excusa y Luis Manuel evitaba devolver las fianzas si algún cliente se arrepentía de la compra. Con este método, los dos detenidos llegaron a apropiarse de 180.000 euros.

Ciertos afectados persiguieron al agente inmobiliario durante meses e incluso años, intentando recuperar su dinero. Aunque nunca nadie llegó a denunciar el impago ante la Policía o los juzgados.

Luis Manuel contestaba a sus acreedores, primero con disculpas y otras veces con amenazas de llevarlos a los tribunales. Amenazas que en ocasiones cumplía. No en vano, «le encantaba presentar demandas surrealistas por coacciones; es una persona a la que les gusta estar en los juzgados», explica un abogado que ha lidiado con Luis Manuel en varios procesos.

Algunos clientes supuestamente estafados reconocían esta semana que el plazo de devolución de este dinero sigue vigente, de modo que la agencia no habría incumplido el contrato con ellos. Y es que Luis Manuel se las apañaba para incluir cláusulas con plazos muy abiertos, que les permitía disponer de las fianzas durante mucho tiempo como si fueran pequeños créditos sin intereses bancarios. Este tipo de clausulas abusivas al filo de la legalidad, fueron las que llevaron a la Policía a investigar las operaciones de Red Casa hace menos de un mes, cuando comenzó la Operación. Sin embargo, pronto se descubrió que la inmobiliaria vendía los mismos pisos varias veces.

Con todo, el supuesto pufo por el que Luis Manuel García y Ana Suárez están en prisión es mucho mayor y podría alcanzar el millón y medio de euros, según el cálculo inicial dado por la Policía, que investiga hasta dos tramas fraudulentas.

La primera, afectaría a los clientes de la inmobiliaria antes citados. Y la segunda (más compleja y de mayores proporciones) cometida contra tres bancos y cajas de ahorros, en las que lo imputados contrataron diversos productos financieros. Al menos 1,3 millones fueron defraudados en esta trama, en la que se centra ahora la investigación para hallar nuevas pruebas. La investigación sigue su curso. Y el pasado jueves, en el segundo registro al piso de Luis Manuel García, se recuperaron nuevos documentos que podrían aportar nuevos datos al caso. No sería improbable, por tanto, que la cantidad defraudada también se incrementase.

La importancia de la operación, además, ha llevado a la Comisaría Provincial de la Policía en Cádiz a incrementar los medios materiales y personales para la operación, iniciada hace un mes por el Grupo III de la Unidad policial contra la Droga y la Delincuencia Organizada (Udyco), especializada en delitos económicos como este.

El engaño de la crisis

«No sospechábamos de que nos estuviesen timando», recordaba María, una de las afectadas, que organiza a través de internet una plataforma de afectados que pretende presentar a todos los clientes en una misma acusación. Ni siquiera los bajos precios los hicieron sospechar: «Como el mercado está tan mal, creímos que era normal que bajaran el precio». Hace dos años, en los albores del boom inmobiliario, la mentira no habría tenido el mismo efecto. El pinchazo de la burbuja de precios -que da nombre a la operación- fue por tanto la que ayudó a los dos detenidos a mantener la mentira.

mgarcia@lavozdigital.es