A la segunda fue la vencida. La Delegación Provincial de Medio Ambiente procedió ayer a la demolición de la casa rural ubicada en Tavizna (Benaocaz), después de que el pasado 29 de diciembre un grupo de vecinos impidiera la actuación al colocarse en la puerta del inmueble. La presencia de público con sus coches impidió el paso de las máquinas.

La operación de demolición comenzó sobre las 7.00 horas, según apuntan los vecinos. A esa horala Policía creó un cordón de seguridad por la misma carretera de servicio que pasa por delante de la vivienda. A partir de ese instante, una treintena de efectivos de la Policía Autonómica impidió el paso a toda persona que se quería acercar a la casa.

Este despliegue hizo que los vecinos de la zona cayeran pronto en la cuenta de que en esta ocasión no se iba a poder evitar el derrumbe, por lo que sólo les quedó la opción de contemplar la actuación con impotencia y tristeza desde las casas más cercanas a la vivienda que se echaba abajo. La lluvia y las nubes parecían abrazar el pesimismo que muchos de ellos estaban experimentando con cada dentellada que la excavadora daba a las paredes.

Medio Ambiente ha defendido la actuación recordando que la casa rural, ubicada en la zona de la Hedionda, está construida en espacio natural protegido dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema y afecta a una vía pecuaria: la Cañada Real de Sevilla a Gibraltar. Recuerda también que cuentan con autorización judicial para llevar a cabo el derribo, así como con la resolución administrativa, que incluye del expediente sancionador por infracción a Ley de Espacios Protegidos.

La vivienda demolida comenzó a construirse en septiembre de 2001, fecha en la que fue denunciada por los agentes de Medio Ambiente. En marzo de 2006 se dictó resolución definitiva en la que se imponía al propietario la obligación de restituir el terreno con la demolición de lo construido y «al no cumplir la orden de derribo, la Consejería ha actuado de forma subsidiaria para restaurar la legalidad, si bien los costes, que ascienden a unos 98.000 euros, tendrá que pagarlos el infractor», apuntan. Los propietarios entienden «desproporcionado» este coste y aseguran que «nosotros contábamos con presupuestos de 8.000 euros».