Se abre una investigación

La resolución de la Junta, que se basa en informes emitidos por los Servicios Sociales de San Fernando que advertían de la posibilidad de desamparo de la menor, abre ahora un plazo, que dura entre tres y seis meses, en donde se investigan las circunstancias personales de los padres para determinar si éstos pueden hacerse cargo de ella o si, en cambio, ratifican la suspensión de la patria potestad. La Fiscalía de Menores de Cádiz recibirá la semana próxima la resolución administrativa y puede recurrirla al igual que los progenitores. En ese caso, tienen que acudir a los juzgados de Primera Instancia e iniciar un procedimiento civil.