El caso de Mariluz -haciendo un paralelismo entre dos jurisdicciones diferentes, la de adultos y la de Menores- tiene como base de la polémica la no ejecución de una sentencia condenatoria que tenía el supuesto asesino de la pequeña. Esa anomalía funcional en el sistema de Justicia le ha valido al juez Tirado una multa de 1.500 euros y la indignación popular por considerarse una sanción menor. Pero esas demoras en las ejecuciones son el pan de cada día en un juzgado de especial trascendencia como el de Menores, donde se trata de encauzar a adolescentes para que no sean en el futuro delincuentes reincidentes sin tener mimbres suficientes.

Uno de esos casos que se quedó apilado «en un montón de expedientes» sin que se llevara a efecto la sentencia impuesta al infractor, fue el de un joven que atropelló a una chica en Sanlúcar en el año 2005. Cogió el coche de su padre, pese a que no tenía ni la edad reglamentaria para ponerse al mando de un vehículo, y se llevó de manera accidental la vida de una persona. Ese joven fue condenado a dos medidas concretas: la prohibición de sacarse el permiso de conducir durante cierto periodo de tiempo y estar sometido a una libertad vigilada controlada por trabajadores sociales. Este menor reside en Sanlúcar, uno de los municipios que aún no tiene convenios para la prestación de medidas por parte de los jóvenes delincuentes.

Expedientes apilados

Casi un año después de que el menor hubiera pasado por sede judicial, el juzgado supo que aún no había comenzado a cumplir la libertad vigilada. Confirmada la noticia, se resolvió la cuestión, pero quedó en evidencia que existía un serio problema, aún por resolver, en la zona de la Costa Noroeste. A los educadores se le acumulan los expedientes que incluye esa medida porque no existen recursos, en el caso de Sanlúcar, para poder imponer otro tipo de penas en beneficio de la comunidad.

Cuando se le pregunta al magistrado Ramírez Manchón si los prejuicios pueden influir a la hora de firmar convenios para que los infractores realicen prestaciones, éste no esconde su respuesta afirmativa. «En cambio tiene muchos aspectos positivos. Son chicos que pueden realizar un trabajo de forma gratuita, que están siempre controlados y que cualquier gasto que generen no lo sufraga el Ayuntamiento». Además, hay adolescentes que incluso le han sacado los colores a algún trabajador municipal, «porque hacía mejor y más rápida la labor que le encomendaban».