Los dueños de casas ilegales se convierten en grupos de presión frente a los ayuntamientos

Primero cercaron la finca con un muro. Luego hicieron los cimientos durante un fin de semana. Poco a poco llevaron los ladrillos y la hormigonera. Aprovecharon un festivo para levantar la estructura y en un mes colocaron el tejado. El ayuntamiento de turno hizo la vista gorda o, simplemente, no tuvo recursos suficientes para inspeccionar la obra. Así, de un día para otro, cambia el paisaje de la provincia con las viviendas ilegales. Sus dueños aseguran que tienen derechos y son capaces de poner en jaque a toda una corporación para evitar sanciones y derribos. El fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, asegura que estos colectivos vecinales se han convertido en auténticos grupos de presión y culpa a los consistorios de la situación actual.

La proliferación de viviendas ilegales en la provincia se ha convertido en un verdadero problema social. Un centenar de personas se echó a la calle el pasado martes en Chipiona contra el anuncio de derribo de una de ellas. Representan muchos miles de votos y las autoridades locales saben que no pueden cerrar los ojos y mirar para otro lado.

Por un puñado de votos

Estos miles de vecinos que, en su mayoría carecen de los servicios básicos en su domicilio, han visto un filón en la presunta dejación de funciones de los ayuntamientos como El Puerto, Chiclana, Chipiona, Conil o El Palmar. Ahora se han unido para, en muchos casos, ralentizar los procesos de legalización e incluso ejercer presión para no tener que pagar las multas o conseguir un proceso a la carta. Aún así demandan constantemente servicios.

El caso más grave es el de Chiclana. En una población con más de 15.000 casas construidas sin control, la Administración lleva años intentando legalizar el extrarradio y la solución final pasará por una gran licencia de obra, regularizando 18 millones de metros cuadrados de suelo.

Las cinco federaciones vecinales existentes en Chiclana -tres nacieron exclusivamente para luchar por sus intereses en el diseminado- trabajan al unísono para defender «nuestros derechos como contribuyentes, porque no somos ilegales ni ladrones ni nada parecido», explica un portavoz.

De momento, y gracias a su presión, el anterior Gobierno local de Ernesto Marín no pudo aprobar sus ordenanzas de Regularización y el actual pacto entre PSOE, PSA e IU lo primero que ha hecho al llegar al poder tras la moción de censura ha sido sentarse con ellos «para ir de la mano». Como dice el alcalde, José María Román (PSOE), «sería una locura pretender hacer unas obras en una calle con todos sus vecinos en contra».

Habrá que ver si esos vecinos que demandan servicios están dispuestos a pagar entre 20 y 70 euros por metro cuadrado legalizable que se estima costará el proceso. El Ayuntamiento les dará todas las facilidades para que puedan pagar e incluso el PSA defiende un sistema de pago fraccionado mensual para facilitar el abono de costes.

En otros puntos de la provincia se han organizado hasta manifestaciones. Es el caso de Chipiona, donde un centenar de vecinos se movilizó para evitar el derribo de una veintena de las casi 300 construcciones sin licencia que las autoridades han expedientado por su edificación irregular. Esta situación podría extenderse incluso a otros municipios con mayor número de viviendas ilegales. Es el caso de El Puerto, donde la presión de los vecinos ha sido palpable en las decisiones de los sucesivos equipos de Gobierno. La localidad cuenta con 4.000 viviendas al margen de la legalidad.

Los propietarios consiguieron hace un mes que el alcalde, Enrique Moresco, del PP, se comprometiera a iniciar acciones para paralizar las multas coercitivas que afectan a cientos de familias en la ciudad. Del discurso oficial de «multas impuestas por incumplir la ley construyendo fuera de planeamiento» se pasó a un discurso centrado en «la necesidad de unir esfuerzos para buscar soluciones».

Protestas y multas

Las coordinadoras de asociaciones vecinales Coave, Flave y Fevema llevaban meses de reuniones con el equipo de Gobierno sin obtener soluciones. Por ello, anunciaron que «si el Ayuntamiento no las ponía sobre la mesa, endurecerían las medidas de presión ante la ineficacia política», según palabras de José Antonio Castro, presidente de Coave.

En estos momentos, los abogados de las asociaciones vecinales trabajan conjuntamente con los técnicos municipales para paralizar los expedientes sancionadores que, en la mayoría de los casos, superan los 50.000 euros.

La junta directiva de Coave ratificó el principio de acuerdo al que esta entidad llegó con los responsables de la Tesorería Municipal y del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Cádiz para el pago o fraccionamiento de las multas coercitivas y del ICIO (Impuesto de Construcciones). Dicho acuerdo determina que Coave colaborará con el Ayuntamiento en la tramitación de solicitudes para aplazar o fraccionar el pago de estas multas. Los propietarios de las viviendas deberán solicitar al Ayuntamiento de forma individualizada dicho aplazamiento o fraccionamiento.

Mientras, desde la Fiscalía provincial de Medio Ambiente, su titular Ángel Núñez reconocía ayer a LA VOZ que «muchos Ayuntamientos no han ejercido correctamente su responsabilidad de hacer cumplir la legalidad urbanística. El problema se ha extendido y generalizado tanto que tiene ya en muchos casos difícil solución.